Cuando hace unos meses empezaron a acumularse en los juzgados los concursos de acreedores de autovías –esas calzadas por las que circulan la mitad de los vehículos inicialmente previstos–, parecía que las conversaciones a tres bandas entre el Ministerio de Fomento, las concesionarias y las entidades financieras iba a llegar a buen puerto de cara a la creación de una sociedad pública, pero tras el parón estival las posturas siguen siendo muy distantes para que esa entidad rescatadora de estas autovías vea la luz a corto plazo. Mientras, las solicitudes de concurso se suceden.
En Fomento se aferran a los cálculos realizados por las consultoras para mantenerse en sus trece, que el capital social que tendrían las concesionarias no superará el 20% de la nueva sociedad, cuando estas piden llegara hasta el 49%, el máximo permitido para que el control público tenga la participación mayoritaria.
Un porcentaje que el departamento encabezado por Ana Pastor considera inasumible al establecer que la nueva sociedad nacería con un valor de poco más de 600 millones, con los que capitalizaría algo más de 470 millones de ayudas concedidas las autopistas. Y que, por tanto, dejaría a las concesionarias con un valor residual de su participación de poco más de 120 millones.
Para tirar hacia adelante con la constitución de la nueva empresa pública todo queda a expensas de que estos porcentajes se mantengan, que las concesionarias lo acepten y que definan una respuesta común al proyecto planteado por Fomento para solventar el problema de estas vías.
El del Ministerio pasa por una previsión, a cuarenta décadas vista, con una previsión de que el tráfico del conjunto de las vías siga cayendo entre 2013 y 2014 un 18% adicional, hasta superar el 65%, para, a partir de 2015, ir aumentando la afluencia de vehículos un mínimo del 2% cada año.
Esta nueva sociedad integraría a las nueve autopistas de peaje, todas ellas de entre las de más reciente construcción, que afrontan un riesgo de quiebra. Siete están ya en proceso de concurso de acreedores. Son las cuatro autopistas radiales de Madrid, tras la entrada reciente en concurso de la R-2, además de la Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la que conecta Madrid con el aeropuerto de Barajas.
Los problemas de estas vías derivan del sobrecoste que sus concesionarias afrontaron en las expropiaciones de los terrenos sobre las que se construyeron, además de la caída de los tráficos consecuencia de la crisis. A lo que se ha sumado el retraso en el cobro de los créditos participativos y cuentas de compensación que Fomento articuló en 2011 para atenuar la falta de ingresos de las concesionarias por el menguante tránsito de vehículos que circulaban por las autovías.
