Madrid. La entrada en concurso de acreedores de algunas concesionarias de autovías ha cambiado todo el ‘statu quo’ que se tenía fijado hasta ahora para compensar el sobrecoste de las expropiaciones de terrenos por donde se trazaron las carreteras. Ayudas que hasta 2011 se recibieron mediante préstamos participativos, pero que ahora desde el Fisco dudan de que esa fórmula esté legalmente justificada, ya que el destino contemplado no sería el de paliar esos sobrecostes, sino que irían directamente a diluirse en la masa de acreedores del procedimiento concursal. O sea, pasarían a ser ingresos destinados a pagar, por orden de prelación, a los acreedores una vez finalizada la tramitación del concurso.
Mientras Hacienda decide qué hace finalmente con este asunto, no solo no ha llegado el dinero a las cinco concesionarias, sino que tampoco lo han recibido las otras cuatro sociedades que, de momento, han evitado la quiebra. La razón dada desde el Ministerio es que o cobran todos o no cobra ninguno. Y en esas están.
Hablamos de unas ayudas, a través de esos préstamos participativos, de 250 millones de euros, de los que casi 200 ya están tramitados y a falta de una última firma, la de Hacienda, para realizar su pago. El asunto tiene su guasa. No se paga lo de este ejercicio y en los Presupuestos de 2013 se incluye un aumento de la partida. La verdad, resulta difícil entenderlo.
Desde las constructoras confían en que la medida solo esté relacionada con el maldito cumplimiento del déficit y en 2013 se liberen los pagos, no solo de lo debido en 2012 sino también de otros 135 millones no pagados en 2011. No son muchos, pero con los grandes desequilibrios de la cuentas públicas, otros cerca de 400 millones de gastos –si se abonara todo lo debido– ayudarían a aumentar el desfase del incumplimiento de déficit que, por lo demás, se da prácticamente por descontado a la vista de la evolución del balance hasta el pasado mes de septiembre.
En este asunto, como en tantos otros, el Gobierno está bien pillado. Si no paga, las cuatro concesionarias que todavía no lo han hecho entrarán en concurso, y, al tratarse de concesiones públicas, es el Estado el que, en último extremo, tendrá que hacer a su responsabilidad patrimonial de un boquete cercano a los 5.000 millones.
El rescate parece inasumible y el pago de los atrasos tampoco llega. Veremos en qué acaba este tira y afloja. Y el Ministerio de Fomento en medio de la polémica, dando buenas palabras a las empresas, por un lado, y recibiendo negativa tras negativa desde Hacienda, por el otro.
