miércoles, 29 mayo 2024

Una propuesta más para sacar del atolladero a las concesionarias de peajes

Madrid. El Gobierno no tiene margen para seguir ayudando a las concesionarias de las fracasadas autopistas de peaje, y las constructoras y demás empresas que están detrás de aquellas se afanan en presentar proyectos al Ministerio de Fomento para que este los avale. De momento, no ha cuajado ninguno. El departamento presidido por Ana Pastor echa cuentas y no le salen.

El último de estos informes pasa porque el conjunto de los españoles paguemos por circular por las autopistas hasta ahora gratuitas. Ya han echado cuentas y le han puesto los dientes largos al Ejecutivo con esos supuestos 2.500 millones de euros que llegarían a las arcas del Estado. En definitiva, se trata de que las constructoras salven la cara a costa de los contribuyentes.

La medida pasaría por poner en marcha un sistema integrado y homogéneo que permita circular y pagar por todo el país, tanto por las autovías estatales como por las autonómicas, con el mismo sistema de cobro y sin paradas. ¿Cómo? Por un sistema de  tarifas por kilómetro recorrido diferentes según las zonas del país, teniendo en cuenta costes sociales y criterios de equidad o reequilibrio territorial. El proyecto conllevaría la existencia de subvenciones cruzadas entre los tramos con mayores densidades de tráfico y volumen de ingresos y aquellos con menores usuarios y orografía más complicada.

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La recaudación correría a cargo de un fondo que luego pagaría a las concesionarias, que estarían tuteladas por el Ministerio para gestionar el cobro y mantener las autovías. Dicho fondo, además, se encargaría, de evaluar a qué se dedican los recursos remanentes una vez abonado lo que corresponda a las concesionarias bien para financiar la construcción de nuevas carreteras, mejorar el transporte mediante ayudas a la renovación de las flotas de camiones o modernizar los equipos de supervisión.

El documento llegado hasta la sede Fomento establece dos tipos de tarifas. La que abone el usuario fijada por el Ministerio y la técnica, la que cobraría la empresa privada explotadora del tramo en cuestión, que estaría condicionada por el tráfico de vehículos, los indicadores de calidad o la opinión que del tramo tengan los usuarios a través de las encuestas que se realicen.

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