Madrid. Isolux, Comsa, Sando, Azvi y el Banco Espírito Santo ya no pueden aguantar más, y han solicitado el primer concurso de una concesionaria de carreteras en España con una deuda de 380 millones a la que ya no se puede hacer frente, y seguramente no será la última de la decena de concesiones existentes.
Se trata de AP-41, la autovía de peaje entre Madrid y Toledo. A la deuda se une el pago de los 150 millones que reclaman los propietarios de los terrenos expropiados. Las cuentas están claras. Los ingresos que pagan los usuarios de la autovía no cubren los 20 millones que cuesta la factura financiera.
Ante este primer concurso, el Ministerio de Fomento anda dándole vueltas a cambiar el modelo concesional español para que instituciones financieras y fondos de inversión se sientan atraídos a invertir en el nuevo plan de infraestructuras. Un primer paso hacia el que se encamina el nuevo modelo pasaría por la asunción, por parte del Estado, de las cargas de las expropiaciones de los terrenos por encima de un precio establecido. Habrá que ver cómo, previo decreto modificador, se aplican estos cambios en los pliegos de las futuras licitaciones.
Hasta ahora, las quiebras manifiestas de estas concesionarias han sido evitadas por el Gobierno por la aportación de fondos vía cuentas de compensación y préstamos participativos.
También está encima de la mesa –y algunos presidentes de Comunidades Autónomas, como la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se han apresurado a dar su plácet de inmediato– el posible cobre de peaje sobre autovías que son gratuitas, de cara a eliminar la competencia de esas vías ahora libres de pago sobre determinados corredores con infraestructuras coincidentes.
Respecto al terreno ferroviario, Fomento estudia subir los cánones de uso de las infraestructuras de alta velocidad con el objetivo de que los ingresos sean más altos, además de liberalizar el transporte de pasajeros para que puedan competir varios operadores.
Un conjunto de medidas con un objetivo claro, el de gastar de la forma más eficiente posible y evitar situaciones incongruentes como la de los aeropuertos españoles, cerrados, algunos, y con pérdidas y déficits millonarios en la mitad de ellos.
