Se supone que el próximo 9 de noviembre de 2014 los ciudadanos catalanes votarán en referéndum si se quieren o no convertir en un Estado independiente de España, aunque desde la Administración central ya se haya dicho que esa consulta no se va a realizar, pero algunos colectivos se ve que tienen prisa por desligarse completamente de la dependencia nacional, y ya han decidido su plena independencia.
Los colegios de Agentes de la propiedad Inmobiliaria (API) de Barcelona y Lérida han aprobado desvincularse del Consejo General de Colegios de API de España, tal y como ya había hecho en el mes de abril el colegio de API de Gerona.
Los API de Barcelona, Lérida y Gerona, que representan un 30% del total de profesionales inmobiliarios colegiados en España, dejan de "participar en el Consejo y de contribuir económicamente al mantenimiento de su estructura hasta que se firme el preceptivo convenio que regule las relaciones entre las dos corporaciones, de acuerdo con la legislación de Cataluña y que es el aplicable en el marco legal español".
Los presidentes del colegios de Barcelona y Lérida, Joan Ollé y Eduard Segarra, respectivamente, coinciden en asegurar que la decisión "no es oportunista ni tiene nada que ver con el momento político actual", sino que es consecuencia "de la reiterada negativa mantenida a lo largo de los años del Consejo General a firmar un convenio que regule las relaciones entre sus colegios y el propio Consejo", según dispone el artículo 70 de la ley de colegios profesionales catalana.
Este artículo establece que los colegios profesionales y los consejos de colegios profesionales de Cataluña son autónomos respecto a las otras entidades de la misma profesión de fuera de su ámbito territorial, con lo que deben firmar convenios que regulen sus relaciones, basados en los principios de colaboración y cooperación voluntarios, sin perjuicio de la obra de representación y coordinación de los consejos generales.
Según los API catalanes, en este sentido, "el Tribunal Constitucional ha reconocido la legitimidad de la demanda de los colegios de API catalanes, dado que acaba de declarar constitucional este artículo 70 ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados".