El Gobierno de Navarra concederá ayudas a los ayuntamientos que rehabiliten viviendas que sean luego destinadas al alquiler. En concreto, el Ejecutivo foral estudia subvencionar el 50% del coste de la rehabilitación, con un importe máximo de 15.000 euros por vivienda.
Estos inmuebles se deberán destinar al alquiler durante 10 años, aunque se podrá variar su uso si se devuelva la parte proporcional de la subvención correspondiente al tiempo restante.
El Gobierno de Navarra también podría financiar una parte de la renta mensual de estas viviendas, siempre y cuando el alquiler no exceda del 55% del precio máximo aplicable (aproximadamente tres euros por metro útil) y las personas inquilinas tengan unos ingresos inferiores al 1,4 veces el IPREM.
En una reunión celebrada con una veintena de alcaldes navarros, el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, también informaba de otra novedosa modalidad de ayudas que estudia el Ejecutivo para aquellas entidades locales que promuevan la construcción de nuevas viviendas destinadas a alquiler, la referida a la cesión de suelo a través de la empresa pública Nasuvinsa.
Además de estas medidas en materia de vivienda protegida que ultima el Gobierno de Navarra, el Departamento de Derechos Sociales también estudia un descenso del precio del alquiler protegido para que tienda a equipararse con el del mercado. Asimismo, se plantea conceder subvenciones para la promoción de vivienda nueva en alquiler, tanto privada como pública, del 23% o del 30%, si se destinan al arrendamiento durante 30 años.
También se financiaría el 75% de la renta de alquiler a aquellas personas que sean perceptoras de la renta de inclusión social y sean inquilinas de viviendas de protección oficial o adscritas a la bolsa de Nasuvinsa. Las entidades locales también podrían recibir una ayuda del 40% para la compra de vivienda que sea destinada luego al alquiler dentro del programa de vivienda de integración social (VIS).
Respecto a la rehabilitación de vivienda, el Gobierno de Navarra analiza suprimir el requisito de no tener otra vivienda para poder recibir subvenciones por rehabilitar un inmueble, ampliar el límite contemplado hasta hora del espacio habitable del inmueble, rebajar el presupuesto mínimo de la intervención para recibir ayuda pública y aumentar los porcentajes de subvención para determinados colectivos, entre otras medidas.
Con esta serie de iniciativas, el Departamento de Derechos Sociales entiende que daría respuesta a las peticiones relacionadas con el alquiler planteadas por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y secundadas por varios ayuntamientos.
