Madrid. Las obligatorias obras de rehabilitación que se deben acometer en las comunidades de propietarios se están viendo demoradas en su ejecución porque no hay dinero. Las derramas, si es que todas se pagan, y las subvenciones a fondo perdido, no llegan para cubrir los presupuestos de ejecución, y las líneas públicas de ayuda no resultan todo lo efectivas que deberían al estar gestionadas por entidades financieras con unas condiciones poco preferentes.
Para tratar de superar este parón y permitir que las obras se ejecuten, desde algunos colegios de administradores se ha planteado la acometida de instrumentos de gestión adecuados, que pasarían, por ejemplo, porque las subvenciones que los organismos públicos aportan cada año para la rehabilitación se destinen a en un fondo de liquidez a un tipo de interés bajo, similar al que se presta a las entidades de crédito, y un plazo de amortización de hasta 10 años.
Así, en lugar del gasto público que supone la subvención, lo que se haría es un préstamo, no computando como déficit. Y las comunidades tendrían garantizada la financiación, ya que el dinero no se agota sino que se recupera el principal del préstamo más los intereses y las dotaciones de los años siguientes.
Además, se ampliaría el marco de las comunidades que podrían acometer las obras, a prácticamente todas. Ahora, la concesión de subvenciones a fondo perdido está restringida a las comunidades de propietarios que cumplen mejor los requisitos establecidos por cada administración, dejando fuera a un gran número de inmuebles que no pueden justificar la necesidad de realizar las obras para recibir la ayuda.
Beneficios de este fondo sería la dinamización del sector de la rehabilitación, con la creación de empleo, y, además, garantizaría que las empresas cobrarán el importe de lo presupuestado de manera inmediata, sin tener que esperar a que la administración respectiva tenga liquidez suficiente para afrontar el pago de las facturas. Las administraciones, por su parte, volverían a generar ingresos, los Ayuntamientos a través de las licencias y el Estado con el IVA.
El dinero público dotado en los préstamos circularía por la sociedad, por las empresas contratadas, los trabajadores y el consumo; los edificios se renovarían eficientemente; y el capital público se recuperaría íntegramente más los intereses. Es una idea que podría llevarse a la práctica sin demasiados cambios legislativos, si acaso una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para dotar de plena personalidad jurídica a la comunidad de propietarios para todas las operaciones que tengan que ver con su funcionamiento.
