Valencia. “La Administración del Estado se beneficia de un retorno fiscal por las obras de rehabilitación que se realizan con ayudas públicas tres veces superior al de la Generalitat y, sin embargo, el Gobierno Central sólo asume uno de cada cuatro euros de las ayudas que se conceden”, se queja María Jesús Rodríguez, directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Generalitat Valenciana.
“El Gobierno Valenciano es la Administración que más invierte en rehabilitación, ya que nos hacemos cargo del 75% del importe de las ayudas, mientras que el Ministerio de Fomento sólo aporta el 25%. Esta situación se invierte cuando hablamos de la recaudación fiscal en relación con la actividad económica generada por las obras de rehabilitación, ya que el 68% de los ingresos generados recae en el Estado”, ha explicado.
Rodríguez ha concretado que “la Administración del Estado ingresa el balance del IRPF, el Impuesto de Sociedades, el IVA y la Seguridad Social. El retorno fiscal que recibe por las actuaciones de rehabilitación es dos veces superior al importe que destina el Ministerio de Fomento a subvenciones a fondo perdido para realizar obras”.
“Por ello, el Gobierno Central debería implicarse mucho más en las políticas de rehabilitación, ya que es la Administración que más se beneficia de ellas y, sin embargo, la que menos invierte”, ha reclamado la directora.
Según ha indicado María Jesús Rodríguez, “el Gobierno Central no ha hecho más que decir que ha reajustado el Plan de Vivienda para impulsar la rehabilitación, pero lo cierto es que ha sido un recorte en toda regla y las ayudas eliminadas para la compra y para la construcción de viviendas no se han traducido en más ayudas a la rehabilitación”.
La directora general de Vivienda ha manifestado que “en cambio, la Generalitat sí que demuestra su compromiso con la rehabilitación y vamos a poner en marcha un Plan de Estímulo a la Rehabilitación en el que ya estamos trabajando con medidas de simplificación de trámites, herramientas válidas para los profesionales y apoyo a los ayuntamientos”.
El estudio sobre el impacto fiscal de las obras de rehabilitación ejecutadas con ayudas públicas indica que la distribución de los ingresos fiscales recae en un 68% para la Administración del Gobierno de España, un 22% para la Generalitat, en concepto de IRPF e IVA, y un 10% para los ayuntamientos por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el pago de tasas asociadas a licencias de obras.
