Madrid. El sector sólo se podrá reactivar cambiando el modelo de la edificación, dando una oportunidad a la rehabilitación y la renovación urbana. “La primera herramienta del plan de sostenibilidad ha sido el código técnico de la edificación, pero se necesita un cambio en la legislación. Dicho código está orientado a la nueva construcción, pero, como ahora no se inician viviendas, hay que reactivar el sector con la rehabilitación”, ha comentado Luis Álvarez-Ude, director general de Green Building Council España (GBCe).
“Es imprescindible actuar sobre este parque, especialmente el construido entre los años cincuenta y setenta, de baja calidad y gran consumo y emisiones, para poder cumplir con los compromisos internacionales de Kioto”, ha asegurado Álvarez-Ude en relación al hecho de que la nueva edificación no será capaz de corregir la factura energética producida por el parque edificatorio existente, estimado en 29 millones de viviendas por rehabilitar.
Sobre este stock de pisos por transformar, si se lograran rehabilitar entre 250.000 y 400.000 viviendas al año, se podrían generar entre 180.000 y 290.000 empleos anuales directos en el sector de la construcción, con un volumen de negocio de entre 9.000 y 14.400 millones al año y reducciones de emisión de entre ocho y 13 millones de toneladas de CO2 en sólo tres años.
Una de las principales barreras que ha de superarse para que la rehabilitación se asiente realmente pasa por solucionar el problema de que los propietarios tengan que financiar entre el 30% y el 50% del coste final del proyecto, para ir hacia un modelo mixto que permita la entrada del capital privado en estas iniciativas.
En junio del año pasado, el Gobierno propuso un plan de ahorro energético en 330 edificios. Las actuaciones de ahorro y mejora de la eficiencia energética realizada en estos edificios deberán hacerse mediante contratos con empresas de servicios energéticos (ESE). El plan supone una inversión de 2.350 millones y la creación de 50.000 empleos directos e indirectos y una reducción de emisiones a la atmósfera de 254.000 toneladas de CO2 al año –equivalente a las emisiones anuales de 51.000 vehículos–. Pero, hasta el momento, no se ha producido ninguna actuación.
“La inversión necesaria para rehabilitar los 1,509 millones de metros de viviendas principales existentes en 2008 es un 50% inferior a la inversión prevista en el plan estratégico de infraestructuras del Gobierno. La rehabilitación supone 755.000 millones. Repercutiendo esta cifra en un plazo de 40 años, la inversión representaría unos 18.900 millones al año, pero si le descontamos el ahorro por derechos de emisión, gasto energético y gasto de desempleo, la cifra se reduce a 9.100 millones al año frente a los 16.700 millones previstos en el plan de Infraestructuras”, afirma Álvarez-Ude. Este modelo constituye una opción para reactivar la construcción pero conlleva una reorientación de un sector que ha representado el 14% del PIB.
El ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado que el Gobierno aprobará un proyecto de ley de calidad y sostenibilidad del medio urbano que facilitará las actuaciones de rehabilitación y que incluirá revisar los edificios de más de cuarenta años en municipios de más de 25.000 habitantes. Blanco ha adelantado este nuevo proyecto legislativo, al que se dará luz verde en las próximas semanas, durante su participación en una mesa redonda en el marco de la Convención Municipal que el PSOE celebra este fin de semana en Sevilla.
Según ha detallado, la futura norma reforzará los contenidos de la ley de economía sostenible, cuya tramitación parlamentaria se encuentra ya muy avanzada. La ley ofrecerá instrumentos que facilitarán la gestión y la cooperación entre administraciones para la rehabilitación de edificios, e introducirá facilidades para la financiación de las mismas así como la regulación básica en relación con la calidad de las edificaciones.
Entre las novedades del proyecto se recoge la obligación de la inspección técnica de edificios de uso residencial que tengan más de cuarenta años (contados a partir de su construcción o rehabilitación completa) y que se ubiquen en municipios de más de 25.000 habitantes. Esto se hará determinando una regulación básica estatal para la inspección técnica de edificios que fijará también que la inspección tendrá una periodicidad mínima no superior a quince años. Además, se habilitará que se incluya la certificación de la eficiencia energética de las viviendas, tal y como exigirá la ley de Economía Sostenible, para las edificaciones nuevas que se pongan en venta o alquiler.
