La Comunidad de Madrid mantendrá los próximos años su firme compromiso con la protección de la propiedad privada y pública, poniendo todos los medios a su alcance para combatir el fenómeno de la okupación ilegal de inmuebles, fundamentalmente viviendas.
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero en funciones de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, que ha inaugurado una jornada formativa y divulgativa para agentes de las Policías Locales y supervisores de seguridad de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), centrada en dar a conocer la nueva aplicación que permitirá el acceso inmediato a la información sobre la titularidad de un inmueble, en el caso de una denuncia por allanamiento de morada, okupación o usurpación. Este canal telemático es fruto del convenio de colaboración que suscribió el pasado 1 de marzo la Comunidad de Madrid con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
La okupación es una forma de robo
López ha señalado que esta «colaboración público-privada» con los registradores será esencial para «luchar de manera más eficaz contra un fenómeno delictivo que nos debe preocupar a todos», porque la okupación «es una forma de robo, la sustracción del bien más preciado que una persona y una familia atesoran a lo largo de su vida».
El consejero madrileño se ha mostrado convencido de que esta nueva aplicación «de fácil uso» -para las Policías Locales- «se convertirá en un instrumento de información imprescindible para poder aplicar la ley con mayor rapidez».
López ha recordado que el Gobierno regional en todo momento «ha estudiado distintas formas de abordar un problema muy grave», entre ellas la colaboración con los registradores, así como la Mesa de la Vivienda y la Okupación en lal que participan las consejerías de Justicia, Interior y Víctimas, y Vivienda y Administración Local.
Casi 5.000 okupaciones en Madrid durante 2020
López ha reclamado «la aprobación, cuanto antes, de una Ley estatal contra la ocupación ilegal de viviendas, que incluya recuperar el delito de usurpación, y que facilite a las Fuerzas de Seguridad del Estado poder echar a los okupas de los inmuebles en un plazo máximo de 48 horas».
Para el titular de Justicia en funciones los datos oficiales «no son una broma», y señalan que en 2020 se produjeron en España 14.675 okupaciones, 4.793 de ellas en la Comunidad de Madrid.
En este sentido, López ha criticado que haya «fuerzas políticas y algunas administraciones que mantengan posiciones inaceptables de equidistancia entre aquellos ciudadanos de bien que sufren la okupación y a los delincuentes, a veces incluso organizados, que la provocan».
