Hasta el Tribunal Constitucional ha llegado el polémico proyecto de Meseta-Sky. Un desarrollo promovido hace una década por la Diputación de Valladolid, con el respaldo de la Junta de Castilla y León, para montar un parque de ocio, comercial y deportivo sobre unos terrenos incendiados en el municipio vallisoletano de Tordesillas.
Y lo ha hecho para anular, de manera unánime, la Ley 6/2010, de 28 de mayo, de Declaración de Proyecto Regional del Complejo de Ocio y Aventura Meseta-Sky, recurrida en 2011 por el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por vulneración del artículo 50 de la Ley de Montes, que obliga a las Comunidades Autónomas a garantizar la restauración de los terrenos incendiados y que prohíbe su urbanización durante treinta años.
El Constitucional, que ya en 2011, había suspendido la eficacia de dicha Ley, deja claro que la misma “pretende desarrollar el Proyecto Regional ‘Complejo de ocio y aventura Meseta-Ski’ sobre unos terrenos sujetos a las prohibiciones de cambio de uso forestal y de realización de actividades incompatibles con la regeneración de la cubierta forestal establecidas por el art. 50.1 de la Ley 43/2003, de 21 de abril de Montes […] lo que determina la consiguiente vulneración de la legislación básica del Estado”.
Añade, además, el Alto Tribunal que la Ley de Meseta Ski ni siquiera guarda “correspondencia sistemática alguna” con la Ley de Montes de Castilla y León, aprobada unos meses antes por las mismas Cortes de Castilla y León, que “dispone que queda prohibido el cambio de uso forestal de los montes afectados por incendios durante un plazo de treinta años, y la modificación de la clasificación urbanística de los montes afectados por incendios durante treinta años”.
A partir de ahora, una vez que la sentencia se publique en el Boletín Oficial del Estado, será el momento de que se pide la ejecución de la sentencia, con la demolición de las obras realizadas ilegalmente, así como la restauración de los terrenos a su estado original, procediendo a reforestarlos y a reintegrarlos al monte público “Eriales de Tordesillas y Anejos” del que fueron segregados en 2007.
Dicha demolición, ya acordada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Valladolid en septiembre de 2010, fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León un año más tarde por depender la eventual demolición de la sentencia del Tribunal Constitucional.
La Diputación de Valladolid inició en 2006 las obras de la pista de esquí sin licencias municipales, sin declaración de impacto ambiental y sin permiso para el cambio del uso forestal de los terrenos. Y el entonces cConsejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aprobó meses más tarde la declaración de impacto ambiental.
Lo hizo sabiendo que el monte había sufrido un incendio; que el entonces alcalde de Tordesillas y hoy senador Emilio Álvarez Villazán, otorgó después las licencias municipales; que el entonces delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Jesús García Galván, proporcionó ya avanzadas las obras la autorización de cambio del uso forestal de los terrenos; y que Fernández Carriedo, ya como portavoz parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, promovió y consiguió la aprobación del proyecto como Ley para pasar por encima de trece resoluciones judiciales que señalaban la ilegalidad del mismo.
