En las marismas de Puerto Real, en Cádiz, sobre suelos de dominio público marítimo-terrestre, parcialmente afectados por la Ley de Suelo, el Gobierno central y la Junta de Andalucía parecen querer retomar un proyecto medioambiental complicado. Un parque empresarial y logístico que ya en 2009, después de iniciadas las obras, el Tribunal Supremo lo paralizó.
Gobierno y Junta habían elegido este enclave en Puerto Real, antes de que estallara la crisis, por su situación geoestratégica: cerca del muelle de la Cabezuela, próxima a la vía del tren, a escasos kilómetros de la autopista hacia Sevilla y de la autovía hacia Algeciras y cercano al aeropuerto de Jerez.
Entonces, la idea era desarrollar en estas marismas desecadas un enorme parque tecnológico, el segundo de Andalucía por detrás del de Málaga, que atrajese a empresas del sector logístico y consiguiese crear un volumen de empleo superior a los 10.000 trabajadores.
El varapalo del Supremo fue claro. Alertaba de que los argumentos utilizados por el Gobierno y la Junta para incumplir la ley de Costas al ocupar zona protegida eran “claramente insuficientes”.
El alto tribunal también lamentaba que no se hubiese hecho un estudio de varias alternativas. Desde entonces, Gobierno y Junta venían trabajando unidas, con algunos altibajos, para retomar el proyecto bajo un manto de unidad que se ha denominado “espíritu de las Aletas”.
Estima ahora el Gobierno que esta nueva reserva subsana varias de las demandas que hizo el Supremo. Se argumenta que Las Aletas es el único territorio adecuado para conseguir las finalidades del proyecto. Se fija un plazo temporal de duración de la reserva de 75 años. Se precisaban las obligaciones de restituir los suelos al estado anterior de la declaración de reserva cuando finalice su uso. Y la superficie se destinará, principalmente, a actividades logísticas portuarias y de transporte intermodal.
El Consejo de Ministros también destaca que el nuevo proyecto dobla la zona reservada para zonas naturales, que pasa de 120 a 240 hectáreas, del total de 527. La reserva no supone que el proyecto empiece a construirse de inmediato. Ahora, la Junta debe aprobar un nuevo planeamiento urbanístico.
El Consorcio de Las Aletas, con 84 millones de euros en sus cuentas, ha gastado tres en sus siete años de funcionamiento, a pesar de que no ha podido iniciar las obras y tiene una plantilla actual de cuatro personas. Actualmente está participada por el Gobierno, la Junta, la Diputación y la Universidad de Cádiz.
Pese a su potencial uso para actividades portuarias, de momento ha rechazado la inclusión en él de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Y también ha pospuesto de forma continuada la petición de la Junta de Andalucía para que parte de esos 84 millones de euros almacenados en las cuentas del Consorcio sirvan para comprar los terrenos cercanos de la extinta fábrica de Delphi.
