Unas semanas después de acatar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación a la asunción de la expropiación de los terrenos delimitados para llevar a cabo la segunda fase del parque tecnológico de La Carpetania, en Getafe, la Comunidad de Madrid ha alcanzado, a través del Consorcio Urbanístico Parque Empresarial de La Carpetania, un acuerdo con Solvia –la filial inmobiliaria de Banco Sabadell– para comprar 814.000 metros cuadrados por un montante de 87 millones de euros, a pagar entre 2014 y 2016. El banco se había quedado con estos terrenos tras una operación de dación en pago con la promotora Copperfield.
El consorcio urbanístico, formado en un 60% por la Comunidad de Madrid y en un 40% por el Ayuntamiento de Getafe, ya ha incluido una parte de esta inversión en los Presupuestos de 2014.
La transacción no quiere decir que se vayan a reanudar de manera inmediata las obras, paralizadas hace año y medio. Habrá que esperar a ver cómo se articula la operación para que, en el futuro, la empresa aeronáutica EADS-Casa – destinataria natural de los terrenos– los pone en valor para ampliar las instalaciones de la factoría ya existente. Cuando llegó a Getafe, EADS lo hizo con la condición de poder contar en un futuro con más de 50.000 metros cuadrados adicionales para continuar con el desarrollo del proyecto Airbus.
Los terrenos adquiridos a Sabadell por parte del consorcio urbanístico controlado por la Comunidad de Madrid son muy superiores a los que realmente necesita EADS-Casa, pero ya han sido varias las sentencias judiciales dictadas en el sentido de que no se puede adquirir a un propietario solo la parte de suelo que se necesite para este parque, sino que hay que adquirirlo todo.
El proyecto de La Carpetania nació con la finalidad de crear un parque empresarial que alberga usos industriales, terciarios y comerciales. Dicho proyecto se estructuraba en dos fases, la primera con una superficie de 110 hectáreas, y una segunda con 376 hectáreas.
Cuando en julio de 2012 se acordó la paralización de la segunda fase de este parque tecnológico, los partidos de la oposición pusieron el grito en el cielo por las negativas repercusiones empresariales y laborales que la medida acarrearía. Críticas desmentidas desde el Gobierno regional al señalar que, tras la modificación de la Ley del Suelo, la ampliación de la empresa EADS-CASA estaba garantizada al estar catalogada de alcance regional.
