La Comunidad de Madrid eliminará trabas burocráticas innecesarias y facilitará al máximo la iniciativa empresarial en materia de metrología e industria, al adaptar la normativa autonómica a la nueva regulación estatal derivada de la transposición de la Directiva de Servicios en el mercado interior de la Unión Europea. El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto tras solicitar un dictamen al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que ha dado su visto bueno por unanimidad.
Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, quien destacó que con esta medida se elimina la parte de la normativa inaplicable y cuyo mantenimiento puede provocar confusión en los sectores afectados.
El nuevo decreto modificará la normativa relativa al sector de los reparadores y negocios poseedores de instrumentos de pesaje y las empresas instaladoras de fontanería. Este decreto también extingue el Registro de Laboratorios Gemológicos de la Comunidad de Madrid, en el que la inscripción era voluntaria y sólo se habían inscrito 2 entidades.
La normativa sustituye el régimen de autorización de operadores por la presentación de una declaración responsable, ese es el único trámite que deben realizar este tipo de empresas para poder iniciar el ejercicio de la actividad, lo que les habilita por tiempo indefinido en todo el territorio español, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.
De la misma forma, se eliminan algunos registros, como el de empresas instaladoras de fontanería, el de laboratorios gemológicos o el registro de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, si bien en este último caso la Comunidad de Madrid seguirá ejecutando el control metrológico. Con ello, desaparece la necesidad de que las empresas se inscriban en el Registro de empresas y obtengan el certificado de empresa o el documento de calificación empresarial antes de poder ejercer su actividad.
Con este decreto también se pretende facilitar al máximo la iniciativa empresarial y la libre prestación de servicios en todo el territorio nacional, eliminando requisitos de ámbito autonómico a empresas y profesionales que pueden actuar en toda España.
Algunas de las autorizaciones y registros que eliminará este decreto están sujetos a tasas, por lo que su aprobación implicará un disminución de ingresos que serán compensados presupuestariamente con la rebaja de gastos de la administración, al desaparecer exámenes y carnés de instaladores, así como documentos de inscripción en los registros.
