Una cosa es negociar un nuevo convenio de acreedores, y otra, muy distinta, tragar con unas condiciones a todas luces inasumibles. Para eso, vamos a liquidación, y punto. Es la conclusión a la que han llegado en los últimos días los bancos acreedores –más o menos, los mismos– de las inmobiliarias Martinsa-Fadesa y Nozar.
Tras mil y una negociaciones, las entidades financieras esperaban que ambas promotoras presentaran sendas propuestas que, al menos, pudieran ser tenidas en cuenta y dar paso a una negociación. Pero, a la vista de las mismas, ni negociación ni nada. Son nuevos convenios que no hay por donde cogerlos.
En el caso de Martinsa-Fadesa, a principios de esta semana la empresa presidida por Fernando Martín remitió a los acreedores un nuevo proyecto –el tercero en lo que llevamos de año– para modificar el convenio firmado en 2011, pero la respuesta ha sido la misma. No vale. Y el problema, en este caso, es que si el 31 de diciembre no se pagan las deudas vencidas, la promotora irá directamente a liquidación.
Básicamente, en esta tercera propuesta Martinsa-Fadesa incidía en algunos de los aspectos recogidos en las dos anteriores. Proponía quedarse con activos valorados en 1.100 millones de euros y con un pasivo de unos 507 millones de euros, los que adeuda a los acreedores no comerciales, sobre todo la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
Y sobre el resto del pasivo, una quita de unos 2.500 millones de euros, pagando apenas 1.000 millones y no en efectivo sino con activos. La mitad con inmuebles y el resto con acciones de sus filiales en Marruecos y países de la Europa del Este.
En el caso de Nozar, la respuesta de los bancos acreedores se ha producido una vez que el juez hubiera aprobado la nueva propuesta de convenio. En el escrito de oposición, las entidades financieras, con créditos ordinarios de más de 40 millones de euros, solicitan al juez que declare la “la apertura de la fase de liquidación, con todos los efectos inherentes a la misma”.
Argumentan que el convenio se sustenta sobre el supuesto de que Nozar logrará en los tribunales acciones de nulidad o reintegro por 300 millones, no por ingresos futuros de su actividad. Algo a todas luces irracional.
Además, en su escrito, los bancos se muestran contrarios a las quitas sobre la deuda del 75% y al tiempo de espera para cobrar el resto por parte de los acreedores de más de 15 años.
Por si todo eso fuera poco, los bancos critican que el comité de seguimiento de cumplimiento de convenio esté integrado por Dimora, una filial de Nozar en liquidación que cobraría por tal labor.
