Madrid. Poco a poco se van conociendo detalles del nuevo Plan Estatal de Fomento del alquiler de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 2013-2016, que así es como se denomina el nuevo Plan de Vivienda. Pocos, la verdad, sobre todo en cuanto a dinero se refiere. Más que nada porque tampoco es que haya mucho de dónde sacar.
Así, el secretario de Estado Rafael Catalá, ha avanzado que habrá otra vez ayudas destinadas al fomento del alquiler, en función de la renta y de los ingresos de la unidad familiar, y con límites a la cuantía de los arrendamientos financiados. Qué quiere decir todo esto, pues que solo habrá ayudas para alquileres de precios muy bajos, esos que en algunas grandes capitales ni siquiera existen. Todo debido a que se prevé que esas ayudas anuales al alquiler, de hasta 3.200 euros anuales por vivienda, se rebajarían hasta los 2.400 euros. O lo que es lo mismo, hasta ahora la ayuda llegaba a cubrir alquileres de hasta 650 euros al mes. Con el nuevo plan, solo habrá ayudas para alquileres máximos de 400 euros.
El borrador con el plan que maneja el Ejecutivo viene a ajustarse a esos apenas 766 millones con los que van a estar dotadas en 2013 las políticas de vivienda, un descenso del 6,6% respecto al presente ejercicio que, no obstante, puede, según señala el propio Catalá, servir para el “cambio de orientación” que se persigue, dando la vuelta a lo que hasta ahora se venía acometiendo, con esos 1.720 millones de euros destinados en ayudas a la compra de vivienda entre 2008 y 2011, y los tan solo 337 que acabaron, en el mismo periodo, en subvencionar el alquiler.
La gran duda surge, cómo no, con el tema de la financiación. El borrador del plan deja entrever que serán comunidades autónomas y ayuntamientos los que tendrán que aportar buena parte del importe de estas ayudas. El Plan se financiará mediante las consignaciones que a tal fin se establezcan anualmente en los Presupuestos Generales el Estado, “sin perjuicio de las aportaciones complementarias que, en su caso, puedan realizar las Comunidades y Ciudades Autónomas y las Corporaciones Locales”, recoge la propuesta.
Y claro, surge la pregunta del millón, ¿de dónde van a sacar el dinero las administraciones autonómicas y locales para incentivar las políticas de viviendas, si no tienen ni para pagar las facturas de suministros ni servicios básicos? La respuesta cae por su propio peso. Si el éxito del plan depende de que lleguen estas partidas periféricas, el fracaso del mismo se antoja inevitable.
