La ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC), el popularmente conocido como cementerio nuclear, en la localidad conquense de Villar de Cañas, tiene un motivo más para la polémica.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha denegado la suspensión cautelar, solicitada por el Estado, del acuerdo tomado por el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page de iniciar el procedimiento para la ampliación del espacio protegido Red Natura 2000 «Laguna de El Hito» y de modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural de la Laguna de El Hito, lo que en la práctica viene a suponer incluir los terrenos del ATC en zona protegida, impidiendo que en ellos se construya el cementerio nuclear.
La resolución resuelve únicamente una petición de medida cautelar, y por consiguiente rechaza la suspensión solicitada de los efectos de dicho acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, todo ello a expensas de la tramitación completa del proceso contencioso-administrativo y su terminación por sentencia. Y, además, no es un auto firme. Contra el mismo cabe interponer recurso de reposición.
Ante la alegación de la Administración General del Estado que la construcción del ATC supone una disminución de los riesgos respecto del sistema actual y una mejora para actuar ante cualquier contingencia, proyecto cuyo retraso supondría un perjuicio para el interés público, en orden a alcanzar más eficientes niveles de seguridad en la gestión de residuos radiactivos, el Superior de Justicia de Castilla-La Mancha considera que pueden existir otros mecanismos legales para tutelar los intereses que alega el Estado, como es la declaración de existencia de razones imperiosas de interés público y de primer orden, que en el presente caso no se ha hecho.
A juicio de la Sala, la premura que impulsa la solicitud de suspensión del acuerdo impugnado por parte de la Administración General del Estado se presenta con base fundamentalmente económica, por lo que los perjuicios de carácter económico aducidos han de ser puestos en contraste con otros bienes jurídicos afectados.
En ese análisis, la Sala considera que frente a los perjuicios de carácter económico, que pueden ser reparados en un futuro, se oponen los perjuicios para los intereses ambientales que supuestamente están en presencia, según el acuerdo de la Administración regional recurrido, y que pueden tener carácter irreparable.
Frente a la afirmación de la Administración General del Estado de los perjuicios que sufre el interés general de dicha Administración por estar ejerciendo legítima y pacíficamente su competencia sobre el ATC, la Sala considera que se está alegando la concurrencia de una apariencia de buen derecho sobre el ejercicio de las competencias del Estado, y que este problema por su complejidad (invasión de competencias del Estado por parte de la Comunidad Autónoma) exige un análisis cuidadoso y último del fondo que no se puede hacer en este incidente de medidas cautelares, sino en la sentencia que resuelva el fondo del proceso.
En este mismo sentido, frente a la apariencia de buen derecho alegada por la Administración General del Estado de que no existen razones para ampliar la protección ambiental en la zona objeto del acuerdo recurrido, también considera la Sala que no se puede cuestionar en este incidente cautelar que el ejercicio por parte de la Administración autonómica de sus competencias ambientales se haya hecho de forma contraria a derecho. Partiendo la Sala de su criterio reiterado, de que en este incidente la apreciación de la nulidad del acto administrativo, debe ser evidente por tratarse de un vicio de nulidad apreciable de manera patente.
