España ha avanzado mucho en los últimos años en el reciclaje de residuos, pero no lo suficiente. El Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy deberá responder ante la justicia por la reiterada vulneración de la legislación de residuos. En el informe de la Comisión Europea “Un yacimiento en la basura” se denuncia que el vertido de los residuos urbanos sigue siendo la opción mayoritaria como forma de gestión.
Esto supone que más de dos tercera partes de los 24 millones de toneladas de basuras que se generan en un año acaban en los vertederos. Además del grave impacto ambiental, esto supone un despilfarro de sustancias valiosas y una vulneración de la legislación europea vigente.
En la Directiva europea relativa al vertido de residuos se fija un conjunto de normas sobre los vertederos para prevenir sus efectos negativos para la salud humana, el agua, el suelo y el aire.
Casi cinco años después de que expirara el plazo para el cese de sus operaciones, en España siguen en funcionamiento veintiocho vertederos que infringen la normativa, y otros tres siguen pendientes de renovación para cumplir la legislación.
La Comisión Europea acaba de proclamar sus objetivos para 2030: un 70% de reciclado de residuos urbanos y un 80 % de envases, de forma que el vertido de todos los materiales reciclables esté prohibido en el año 2025. En España, donde las competencias sobre residuos están transferidas, ninguna comunidad autónoma está en condiciones de garantizar estos compromisos, salvo Cataluña y el País Vasco.
Bruselas vuelve a poner el dedo en la llaga sobre la escasa voluntad de enmendar la situación a la vista de la propuesta de Real Decreto sobre traslado de residuos, que continuará permitiendo el “dumping ambiental”, ese tráfico de residuos dentro del territorio nacional en pos de tratamiento más barato y con peores resultados.
La jerarquía en la gestión de residuos (prevención, reutilización, reciclado, valorización energética, vertido) debiera ser no solo un principio inspirador, sino un criterio para no autorizar traslado de residuos cuando éste suponga un menor rigor en su tratamiento. Si no se actúa rigurosamente para la vigilancia, inspección, control y sanción de prácticas ilegales, de competencia desleal y ambientalmente onerosas, y sin un cambio en los sistemas de gestión de las basuras, las sanciones seguirán llegando de Europa.
