El fracking o extracción de gas por medio de la fractura hidráulica va a ser otro de los asuntos que va a evaluar la cohesión de la coalición entre el PSOE e IU que, encabezada por la socialista Susana Díaz, gobierna en la Junta de Andalucía.
Hace unos meses, las divergencias surgieron con motivo del desalojo de la ‘corrala Utopía’, como consecuencia de las cuales se llega a retirar, por unas horas, las competencias en materia de Vivienda a Elena Cortés, la consejera de IU que está al frente del departamento andaluz de Fomento y Vivienda.
Ahora, lo que viene, con motivo de la Proposición No de Ley presentada ante el Parlamento andaluz, es saber si existe una postura institucional clara y unívoca respecto a este polémico asunto del fracking.
Lo que pretende el grupo parlamentario andaluz es que el Parlamento regional ratifique esa Proposición No de Ley para elaborar una ley que prohíba la extracción de gas por medio de esta técnica. La Plataforma Andaluza Libre de Fracking (PALF), en la que se incluye Izquierda Unida, exige coherencia con los compromisos que ya ha adquirido a nivel autonómico y estatal, ratificando esta proposición cuando sea votada en el Pleno del Parlamento Andaluz.
Ya hace un mes, los dos partidos que gobiernan en coalición en Andalucía firmaron un compromiso, en el Congreso de los Diputados, por el que contraían la obligatoriedad de prohibir el fracking en el Estado en caso de gobernar en un futuro a nivel nacional.
Andalucía cuenta con permisos de investigación en estado de desarrollo donde ya se podría empezar a realizar fracking. La superficie total que se encuentra afectada por este tipo de permisos otorgados suponen 82.700 hectáreas en Cádiz, 27.200 en Sevilla y 68.000 en Jaén.
A esta superficie hemos de sumar una cantidad equivalente en permisos de investigación que actualmente están en tramitación, afectando también a Córdoba y otras 61.000 hectáreas de antiguos permisos de explotación cuya reactivación se está tramitando en Sevilla.
La práctica de la técnica de la fractura hidráulica supone la explotación intensiva de territorio, con afecciones, no del todo claras, con las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales.
El tema está siendo discutido a nivel mundial. En Europa ya se han declarado moratorias o prohibiciones a su práctica, como en Francia, Bulgaria, Irlanda, Rumanía, Chequia o algunos Estados alemanes. En otros, como Austria, se imponen límites ambientales muy severos. Y en Estados Unidos, en donde se está usando ampliamente la fractura hidráulica desde hace una década, crece la oposición ciudadana.
