Nace la Asociación Catalana de Municipios y Entidades para la Gestión Pública del Agua (AMAP), que integran siete ciudades, dos empresas públicas y la entidad Enginyeria Sense Fronteres, y que defiende el agua como un bien humano, universal y accesible para todo el mundo que hay que gestionar de una manera transparente y participativa.
Representantes de los ayuntamientos de Badalona, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet y Terrassa han participado en la primera reunión, constitutiva, en que se han formado también la Asamblea General y la Comisión Ejecutiva, que presidirá el concejal de Agua y Energía, Eloi Badia.
Badia ha destacado que «la gestión publica del agua es un modelo mayoritario en el mundo que ha demostrado que es solvente, garantiza mejor calidad de servicio y un mejor precio para los usuarios.» Badia ha añadido que con la constitución del AMAP «los grandes municipios nos sumamos al buen trabajo realizado en este sentido por ciudades como Manresa, Mataró o Vilanova i la Geltrú con la voluntad de darle un impulso definitivo».
En la reunión también se ha aprobado la admisión de nuevos integrantes, como las empresas públicas Aigües del Prat y Barcelona Cicle de l’Aigua y la entidad Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres.
El plan de actuación para el año 2018 marca como directrices una fuerte estrategia comunicativa para difundir los valores de la gestión municipal del agua, el apoyo a los municipios que apuesten por este modelo y la ampliación de la red de miembros, así como la creación de nuevos marcos de trabajo y de debate con diferentes actores.
El gobierno de Ada Colau anunció en noviembre del 2016 que quería apostar por la municipalización de la gestión del agua, y está pendiente de una sentencia que debe anular o mantener la empresa de gestión del agua en el Área Metropolitana de Barcelona, creada en el anterior mandato, de la que un 75% correspondió a Agbar, un 10% a Criteria (La Caixa) y el 15% restante a la propia AMB.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló la sociedad porque se creó sin concurso, pero un recurso dejó en manos del Supremo la decisión final, que se espera para este año. Si se confirma la anulación de la sociedad, la remunicipalización sería más sencilla. Si no, implicaría una indemnización de envergadura a los concesionarios.
