El último informe del Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València confirma un escenario crítico en la capital valenciana. Con solo 91 viviendas plurifamiliares nuevas en venta y apenas 15 de protección pública, la ciudad afronta un colapso de la oferta que hace prácticamente imposible el acceso a una vivienda digna. Según sus autores, la situación no es ya una crisis coyuntural, sino una emergencia estructural que amenaza con derivar en un conflicto social.
Los precios del alquiler siguen creciendo por encima del 12 % anual, mientras que los costes de construcción se han disparado un 30 % desde 2020. A esto se suma la falta de mano de obra cualificada, la inseguridad jurídica y el abandono de la vivienda protegida como política estratégica. El informe alerta de que en València hay más de 40 asentamientos informales donde viven familias con menores sin acceso a condiciones básicas de habitabilidad. La Cátedra advierte que “la demagogia expulsa, pero no aloja” y reclama medidas urgentes como la publicación del módulo dinámico de precios máximos de la VPP.
La situación de Valencia es el reflejo de un agotamiento acumulado de años de inacción y de un modelo incapaz de dar respuesta al aumento de la demanda. La reactivación de la vivienda asequible y la definición de una tipología clara de vivienda social aparecen como únicos caminos realistas para contener la exclusión y recuperar la confianza de los promotores.
| Indicador clave | Dato destacado |
|---|---|
| Viviendas nuevas en venta | 91 unidades (0,02% del parque total) |
| Viviendas de protección pública activas | 15 unidades (0,0036% del parque total) |
| Subida de costes de construcción desde 2020 | +30% (picos de +50% en estructuras e instalaciones) |
| Precio medio del alquiler en València | >1.900 €/mes |
| Asentamientos informales identificados | ~40 núcleos con más de 200 menores |
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El último informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, correspondiente al segundo trimestre de 2025, revela que la ciudad de València ha registrado solo 91 viviendas plurifamiliares de obra nueva disponibles para su venta.
“En una capital con más de 800.000 habitantes y 415.000 viviendas construidas, esta cifra no es baja: es estadísticamente irrelevante, urbanísticamente alarmante y socialmente inaceptable. Lo verdaderamente grave no es que no podamos medir el mercado con rigor; es que ya no hay mercado que medir”, advierte Fernando Cos-Gayón López, director de la Cátedra: “La oferta de vivienda nueva a la venta representa menos del 0,02% del parque residencial. Desde una perspectiva técnica, no permite generar indicadores robustos. Desde una perspectiva social, revela que ya no hay condiciones para producir vivienda. La oferta ha colapsado. Y el mercado no se modera: enloquece.”
El escenario que muestra el informe de la Cátedra observatorio de la Vivienda incluye otro dato demoledor: solo 15 viviendas de protección pública se encontraban en venta activa en toda la ciudad en el pasado trimestre. Eso supone el 0,0036% del parque total de Valencia. Una cifra que, más allá de lo simbólico, muestra el desmantelamiento funcional de la política pública de acceso a la vivienda. El estudio destaca que “la VPP ha dejado de existir como opción estratégica para los hogares con ingresos medios y bajos. Y mientras tanto, en suelos ya planeados como Benimaclet, se cuestiona incluso la edificabilidad consensuada, ignorando que rebajarla es condenar a la juventud a seguir expulsada de la ciudad.”
El informe alerta también sobre la imposibilidad creciente de construir vivienda nueva. No se trata solo de la lentitud burocrática, ni siquiera de la escasez de suelo. El coste de ejecución material ha crecido más de un 30% desde 2020, con picos del 50% en estructuras, instalaciones o acabados. Pero el mayor cuello de botella está en la falta de mano de obra cualificada: la edad media en la construcción supera los 50 años, y la Formación Profesional no está absorbiendo la demanda. Las promociones se paralizan, se encarecen o directamente se cancelan. “Seguimos diseñando planes de vivienda para un país que ya no existe”, concluye Cos-Gayón.
En paralelo, el mercado del alquiler continúa su escalada: el precio medio supera ya los 1.900 euros al mes en la ciudad de València. Tanto el alquiler tradicional como el turístico crecen, lo que desmiente la narrativa oficial. Lo que se retrae es la oferta, desplazada por la inseguridad jurídica, la rigidez regulatoria y el miedo a la “okupación”. La Ley 12/2023 ha producido efectos contrarios a los deseados, expulsando a pequeños propietarios del mercado y agravando el problema que decía venir a resolver. Fernando Cos-Gayón valora ante esta situación que “culpar al turismo es una coartada, no una estrategia. El alquiler no se decreta. Se construye”.
Las consecuencias más graves recogidas en el informe ya no son económicas: son sociales. València presenta cerca de 40 asentamientos informales identificados por las entidades sociales. Familias que viven en chabolas, caravanas o infraviviendas, con más de 200 menores sin condiciones básicas. Y no es una emergencia nueva. Es la consecuencia acumulada de años de inacción institucional. Desde hace nueve años, la Cátedra Observatorio de la Vivienda viene alertando, informe tras informe, sobre los signos de agotamiento del modelo: “No se ha reaccionado. No se ha planificado. Y, lo más grave: España ni siquiera ha definido aún una tipología de vivienda social real, básica, viable y construible, como sí existe en otros países que también enfrentan fuertes flujos migratorios hacia las ciudades, especialmente en Hispanoamérica. Sin esa base, la exclusión seguirá creciendo. La demagogia expulsa, pero no aloja.”
Lo que sí existe es la Vivienda de Protección Pública (VPP), cuyo marco normativo está aprobado, pero no se puede activar sin el módulo dinámico de precios máximos, previsto en el Decreto 180/2024 de la Generalitat Valenciana. La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV considera que “su publicación inmediata es imprescindible para permitir a los promotores construir vivienda asequible en condiciones viables. Ese es hoy el único camino realista para frenar los asentamientos, contener los precios y reequilibrar el mercado.”
Como conclusión del informe el último trimestre, Fernando Cos-Gayón realiza el siguiente análisis: “La situación ya no es una crisis de acceso. Es una emergencia habitacional estructural, con alto riesgo de derivar en un conflicto social. Y lo más preocupante es que nadie puede decir que no lo sabía. Todo está medido. Todo está dicho. ¿Quién va a hacer algo?”
