El proyecto de Ley del Suelo para la Comunidad de Madrid fue el tema central de la última mesa de debate de la Conferencia Inmobiliaria Madrid 2016, en la que se insistió en la necesidad de que esta regulación desarrolle un nuevo modelo urbanístico, menos expansivo y más orientado a la recuperación de las zonas urbanas de la capital y sus áreas metropolitanas.
Rafael González-Cobos, presidente de INMOFERROCARRIL, moderó el debate en el que participaron José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid; José María García Gómez, director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid; Carolina Roca, vicepresidenta de ASPRIMA; Fernando Caballero, ponente de Ciudadanos de la Mesa Técnica de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid; y Francisco López-Barquero, representante del PSOE.
González-Cobos resaltó la «preocupación» que subyace en el sector ante la inestabilidad y ante las diversas regulaciones que coexisten y que afectan a la seguridad jurídica y a la inversión, especialmente la internacional, e insistió en que es fundamental llegar a una ley producto del consenso de todas las fuerzas políticas y agentes sociales.
En este sentido, el director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid subrayó que la planificación urbanística y la política de vivienda deben «ir de la mano» y ser «una el instrumento de la otra», y coincidió con los demás representantes políticos en la necesidad de llegar a acuerdos que garanticen que la nueva legislación consiga un «equilibrio entre sostenibilidad, cohesión social y regeneración urbana».
Precisamente la regeneración urbana es la clave del trabajo que Ciudadanos está desarrollando en la mesa técnica de la Ley de Suelo, como explicó el representante de esta formación política Fernando Caballero. Para él, la regeneración de espacios urbanos degradados es la clave de un modelo que ganará cada vez más protagonismo con los años, en detrimento del desarrollo de nueva edificación, y que no sólo mejorará la calidad de vida de los residentes en las ciudades, sino que significará «un nuevo modelo de negocio», en el que los promotores deben profundizar.
Por su parte, José Manuel Calvo, del Ayuntamiento de Madrid, considera que es necesario que se recupere «el control público sobre la gestión de la ciudad», sin prescindir del sector privado, y apostando decididamente por la rehabilitación y la regeneración, mejorando zonas deprimidas, impulsando el debate público ante grandes proyectos urbanísticos, rehabilitando a partir de criterios sostenibles, eficientes y de accesibilidad, y generando empleo de calidad a partir de estas actividades que, en su opinión, aportan valor a la economía local.
Para Francisco López-Barquero, del PSOE, durante los años de crisis las formaciones políticas «no han hecho los deberes» y no han sido capaces de legislar sobre estos asuntos, dejando un «edificio legislativo completamente ineficiente», que ahora debe reformarse, no sólo respondiendo a coyunturas, sino para conseguir «la mayor estabilidad posible», apostando, como también lo hizo el representante de Ciudadanos, por reservas de suelo para vivienda protegida, fundamentalmente de alquiler, «que no compitan con la vivienda libre».
La vicepresidenta de ASPRIMA, Carolina Roca, hizo hincapié en que los promotores están dispuestos a participar en proyectos de rehabilitación y regeneración, pero que esperan hacerlo desde una perspectiva de «industrialización del sector», en la que las administraciones deben crear el marco legal necesario que «active el acceso a primera vivienda», a partir de fórmulas de inversión público-privada viables, en los que los planes de vivienda y las leyes sincronicen objetivos y contenidos, para «adaptarse a la realidad actual del mercado».
