Marcha atrás del Gobierno al proyecto de venta de la finca gaditana de La Almoraima. Finalmente, al menos de momento, se ha optado por descartar esta opción porque las necesidades económicas del Estado ya no resultan tan acuciantes como lo eran hace dos años.
El gigantesco latifundio situado dentro del parque natural de Los Alcornocales, que llegó a manos del Estado tras la expropiación de Rumasa al empresario José María Ruiz-Mateos, había sido incluido en 2013 en la relación de bienes enajenables por parte de Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
El anterior ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, reconoció que la intención era vender y cifró en unos 300 millones de euros lo que podría conseguirse por La Almoraima, que ocupa una superficie similar a todo el término municipal de Sevilla capital (141 kilómetros cuadrados). Pero, tras su salida del Ministerio para ocupar un puesto como comisario de Energía en la Comisión Europea, la cosa se enfrió obstante, hasta el anuncio definitivo de la marcha atrás.
En marzo de 2014 se anunciaba la intención de abrir un concurso público para asesoramiento financiero-económico, para que, seguidamente, un asesor financiero realizara una valoración de la empresa, pero nunca llegó a contratarse a asesor alguno.
Algo más del 90,4% de la superficie de la finca se encuentra localizada dentro del Parque Natural de Los Alcornocales, donde pocas actuaciones agresivas se podrían autorizar a priori. Pero la actuación se centraba en el 10% del terreno que no estaba protegido, precisamente la que el Gobierno había contemplado para destinarla a su reconversión como turismo de lujo asociado a actividades cinegéticas.
El plan ideado pasaba por adaptar el espacio para adaptar y rehabilitar para usos turísticos 14 pequeñas edificaciones existentes dentro del parque natural. Se trata de seis antiguos cortijos y ocho viviendas para los guardas.
Fuera del espacio protegido, se contemplaban las acciones de más envergadura: un hotel de cinco estrellas, un centro ecuestre, campos de golf y un aeródromo para uso turístico, deportivo y recreativo. De momento, nada de esto se hará, y el Estado podrá seguir explotando la finca que genera anualmente unos beneficios procedentes de la explotación del corcho.
