El debate sobre el acceso a la vivienda en España se intensifica con las críticas de expertos y empresas del sector. Las medidas aprobadas por el Gobierno bajo la Ley de Vivienda han reducido la oferta disponible, mientras la demanda sigue aumentando, generando un desequilibrio que afecta tanto a familias como a propietarios.
Desde mayo de 2023, la oferta de alquiler ha caído de manera drástica, lo que ha disparado los precios a niveles históricos. Vivir de alquiler cuesta ya más de mil euros de media en España y, en zonas como Baleares o Barcelona, supera los 1.600€. La raíz del problema está en la falta de un parque público suficiente —apenas un 3% frente al 9% de la media europea—, mientras se continúa apostando por medidas ineficaces. El Gobierno, en su propia presentación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, defiende que la norma busca garantizar un acceso más justo, pero el mercado ha reaccionado en sentido contrario.
La intervención del mercado libre ha incrementado la competencia entre inquilinos y ha desincentivado a los propietarios. En Cataluña, primera comunidad en declarar zonas tensionadas, se han reducido más de 40.000 viviendas en alquiler mientras la presión sobre los precios se mantiene al alza. En paralelo, la falta de un plan nacional de vivienda pública refuerza la brecha entre oferta y demanda.
Datos relevantes
- La oferta de viviendas en alquiler en España se sitúa en mínimos desde la aprobación de la Ley de Vivienda.
- El parque público apenas representa un 3% frente al 9% de la media europea.
- El precio medio del alquiler supera los 1.000 € en España y los 1.600 € en zonas como Baleares y Barcelona.
- En Cataluña, la oferta de pisos en alquiler cayó en más de 40.000 viviendas desde 2024.
- La demanda supera los 300 interesados por inmueble en áreas tensionadas.
¿Qué impacto inmediato ha tenido la Ley de Vivienda en el mercado del alquiler?
La aplicación de la Ley de Vivienda ha provocado una caída significativa de la oferta de alquiler en toda España. Muchos propietarios han optado por retirar sus inmuebles del mercado regulado y destinarlos al alquiler temporal o a la venta, generando un desajuste entre oferta y demanda. Esto ha derivado en una fuerte presión sobre los precios, que superan ya los 1.000 € de media y alcanzan más de 1.600 € en zonas como Baleares o Barcelona.
¿Por qué no se ha desarrollado un parque público de vivienda suficiente en España?
España mantiene un déficit estructural de vivienda pública, con apenas un 3% del parque total frente al 9% de la media europea. Esta brecha responde a la falta de inversión sostenida y a la ausencia de un pacto de Estado que fije objetivos de largo plazo. Mientras en otros países la vivienda pública ha servido para contener la presión del mercado, en España se han priorizado medidas coyunturales que no aumentan la oferta estructural, dejando a los jóvenes y colectivos vulnerables sin alternativas reales.
La seguridad jurídica y una estrategia de vivienda pública son esenciales para equilibrar el mercado y garantizar el acceso a la vivienda.
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Antonio Carroza critica la Ley de Vivienda y reclama un pacto de Estado en materia de alquiler
“En el mercado de la vivienda en España lo que no funciona es la Ley de Vivienda”. Así responde el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, a las palabras del presidente del Gobierno en una entrevista en TVE en la que aseguraba que la ley de la oferta y la demanda no está funcionando en el mercado de la vivienda, y que por eso es necesario intervenirlo con medidas como la declaración de zonas tensionadas.
“El acceso a la vivienda es un problema que nos preocupa a todos, pero las medidas que ha desplegado el Gobierno central para tratar de solucionarlo lo que están haciendo es agravar la situación. Desde la aprobación de la Ley de Vivienda en mayo de 2023, la oferta de vivienda en alquiler no ha dejado de reducirse, con la consiguiente subida de los precios que eso conlleva”, señala Carroza.
La realidad es que los precios del alquiler se sitúan en máximos, lo que pone en riesgo la estabilidad de las familias y el acceso a una vivienda para los más jóvenes. Vivir de alquiler en España cuesta ya más de mil euros de media, y en algunos territorios como Baleares o Barcelona supera los 1.600 €.
“El derecho a disfrutar de una vivienda digna viene recogido en nuestra Constitución, que obliga a los poderes públicos a generar las condiciones necesarias para que sea así”, afirma el presidente de Alquiler Seguro. “Sin embargo, el presidente del Gobierno confunde la política social de vivienda con el mercado libre de la oferta y la demanda”, agrega.
“Lo cierto es que, pese a que Pedro Sánchez insistió ayer en TVE en que la solución pasa por ampliar el parque de vivienda pública, no ha habido verdaderos avances en este sentido. Este tipo de hogares siguen estancados en el 3% del parque inmobiliario en España, muy lejos de la media europea, que asciende al 9%. Es el deber del Gobierno promover vivienda asequible para garantizar una solución para las familias y los colectivos más vulnerables”, asevera Carroza.
La ineficacia de la Ley de Vivienda
En lugar de apostar por la vivienda pública, el Gobierno de España sigue insistiendo en la intervención del mercado y la Ley de Vivienda como solución a este problema. “Esta norma no está funcionando”, opina el presidente de Alquiler Seguro. “Lo verdaderamente necesario sería un pacto de Estado que genere un verdadero consenso social y que tenga en cuenta las reivindicaciones del sector”, añade.
La Ley de Vivienda ya se ha demostrado ineficaz para promover la oferta, como ejemplo, este 2025 se espera que salgan al mercado del alquiler en torno a 100.000 viviendas menos que hace dos años, pero el Gobierno sigue insistiendo en la declaración de más zonas de mercado tensionado.
“La intervención del mercado libre ha profundizado en el desequilibrio ya existente entre la oferta y la demanda en nuestro país. Cada vez más personas buscan vivir de alquiler, pese a que el número de inmuebles disponibles no deja de contraerse. Esto ha generado aún más inseguridad jurídica y desprotección para propietarios e inquilinos”, indica Antonio Carroza.
Lo vemos, por ejemplo, en Cataluña, el primer territorio en declarar una zona tensionada en marzo de 2024. En este tiempo, el número de viviendas disponibles para alquilar se ha reducido en más de 40.000, mientras que la competencia entre los inquilinos se ha disparado a más de 340 interesados en un mismo inmueble. Pese al control de los precios, la realidad es que los alquileres han subido en torno a un 3%, según los datos del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.
“Lo peor es que el Gobierno sigue sin ofrecer soluciones reales e incitando a más territorios a poner en práctica esta medida que no está funcionando. Comunidades autónomas como País Vasco, Navarra o Galicia ya han declarado zonas tensionadas en sus territorios. Mientras tanto, seguimos sin avanzar en el desarrollo de un parque público de vivienda en alquiler que realmente pueda servir para mejorar esta situación”, concluye Carroza.
