El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha recibido a representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), quienes le han trasladado su preocupación ante los últimos datos relativos a desahucios, sobre los que la actual moratoria del Gobierno central por la COVID-19 finalizará el 31 de enero de 2021.
El vicepresidente se ha comprometido a interceder para que «el Gobierno asuma una competencia que le es propia y establezca una nueva moratoria para los desahucios sin alternativa habitacional de aquellas familias en situación de vulnerabilidad mientras dure la pandemia».
El Real Decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19, suspendió el procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional por un período máximo de 6 meses, desde la entrada en vigor de esta norma, es decir, desde el 2 de abril hasta el 2 de octubre de 2020.
Además, se establecieron medidas encaminadas a procurar la moratoria de la deuda de alquileres para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa de la pandemia.
El citado Real Decreto ley fue modificado a finales de septiembre, quedando fijado el periodo de la suspensión de desahucios y alquileres hasta el 31 de enero de 2021.
En el encuentro se han tratado otros temas, como la necesidad de ampliación del parque público de vivienda, el Protocolo Antidesahucios, la modificación del Decreto 60/2020 de ayudas a entidades locales en materia de vivienda para paliar situaciones de especial vulnerabilidad por la COVID-19, y los Presupuestos de la Vicepresidencia Segunda para el ejercicio 2021, con especial atención a aquellas partidas que se han visto incrementadas en materia de vivienda.
En representación de la PAH, ha asistido su portavoz, José Luis González, y miembros de la plataforma de Torrevieja y de la Safor-la Valldigna. Asimismo, otros representantes han seguido la reunión de manera telemática, en cumplimiento de las normas sanitarias por la COVID-19.
Por parte de la Conselleria, además del conseller han participado en la sesión de trabajo la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, y la directora general de Coordinación de la Vicepresidencia Segunda, Adoración Guamán.
Partida de 42 millones para comprar vivienda pública
El vicepresidente ha trasladado a la representación de la PAH las líneas generales del presupuesto de la Conselleria para el ejercicio 2021, que asciende a 207 millones de euros.
Según ha anticipado, se prevé fomentar la adquisición de viviendas incrementando la línea un 15% respecto al ejercicio 2020 hasta llegar a 42 millones de euros.
Asimismo, establece una línea específica de 10 millones de euros destinada a aquellos ayuntamientos que quieran ampliar su parque público municipal. Además, se ha presupuestado una línea de transferencia a la Entidad Valenciana de la Vivienda y Suelo (EVha) para la financiación de promoción de viviendas para alquiler social. Asimismo, las ayudas al alquiler también experimentan un incremento hasta llegar a los 31 millones de euros.
Un presupuesto que, según ha destacado Martínez Dalmau, «nos permite seguir avanzando en el objetivo de duplicar el parque público de viviendas en una década y garantizar el derecho de las familias a una vivienda digna como se prevé en el Pla Hàbitat 20-30».
Por último, Martínez Dalmau ha recordado que la Generalitat ha destinado este año más de 30 millones de euros en ayudas al alquiler, en alusión a las ayudas ordinarias, a las de COVID-19 y a las de emergencia a través de los ayuntamientos, «ayudas que se van reeditar y a incrementar en el próximo ejercicio», según ha indicado.
