La Comunidad de Madrid ha recordado que las medidas intervencionistas en el mercado inmobiliario, como fórmula que favorezca un mayor y mejor acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos, generarán precisamente el efecto contrario al deseado.
Así lo ha señalado el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, quien ha valorado la decisión del Gobierno central de establecer un marco de control sobre los precios del alquiler en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
Pérez ha constatado que establecer un control sobre el alquiler desincentivará la oferta, generará un mayor fraude y una peor conservación del parque residencial, al tiempo que incrementará los precios, tal y como se ha podido comprobar en ciudades europeas como Berlín o París, donde finalmente se han derogado este tipo de leyes por demostrarse ineficientes y perjudiciales.
En opinión del titular de Vivienda del Gobierno regional, el alquiler requiere «contar con una clara seguridad jurídica y con normas estables donde sea factible la recuperación ágil de la posesión». En este sentido, ha abogado por que este mercado disponga de una mayor oferta, «donde los incentivos fiscales sean fundamentales».
Así, la Comunidad de Madrid defiende la necesidad de crear condiciones fiscales favorables para que los potenciales arrendadores tengan un marco jurídico estable, lo que facilitará la puesta a disposición de más viviendas destinadas al alquiler que, de otra manera, no entrarían en este mercado.
El consejero de Vivienda y Administración Local ha explicado que la propuesta del Gobierno regional para el mercado del alquiler está orientada a la movilización de suelo público destinado a ampliar la oferta.
De esta manera, el Plan Vive desarrollará 1,2 millones de metros cuadrados de suelo público en 43 municipios, y permitirá construir más de 15.000 viviendas en régimen de alquiler a precios inferiores a los del mercado libre.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid suscribió el Pacto Regional por la Vivienda el pasado 29 de junio, donde se abordan aspectos como la flexibilización fiscal; la mejora en las condiciones de financiación, tanto en la compra como en el mercado del alquiler; la necesaria colaboración público-privada, con la movilización de suelos y sus correspondientes usos; una mayor seguridad jurídica que genere confianza, dando mayor estabilidad y claridad normativa, así como el apoyo a la economía social, donde la vivienda es un pilar básico en el desarrollo personal y profesional.
El sector inmobiliario en la región es un espacio de oportunidad donde llevar a cabo la necesaria transformación que demanda un sector que debe ser uno de los principales soportes de la recuperación económica en la Comunidad y en el resto de España. Para ello es necesario contar con un modelo de financiación suficiente y estable, y continuar trabajando en otros aspectos como la rehabilitación y la regeneración urbana, como modelo sostenible de mejora del parque inmobiliario madrileño, estrechamente ligado a la I+D+i.
