El Consejo de Garantías Estatutarias ya dictaminó en agosto que el proyecto de ley de control de precios del alquiler atenta contra la Constitución, el Estatut y que la Generalitat no tiene competencia para regular los precios de alquiler porque es competencia del Estado.
Se espera que la regulación aumente la economía sumergida y afecte a los inquilinos con menores ingresos al reducir la oferta de viviendas de alquiler
El Banco de España también ha alertado de los efectos devastadores de este tipo de regulaciones.
Si se aprueba finalmente la ley en Cataluña, ASVAL solicitará al Gobierno y a los principales partidos políticos que defiendan la Constitución e interpongan de inmediato un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional.
ASVAL, la Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler, se opone de forma contundente al proyecto de ley para regular y controlar el precio del alquiler, que se espera se vote próximamente en el Parlament catalán, porque vulnera la Constitución española, atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña. El pasado mes de agosto, el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó que algunos artículos de esta norma incumplen la Constitución y el propio Estatut. Además, este mismo órgano aseguró también que la Generalitat no tiene competencias para regular los precios del alquiler porque es una facultad del Estado.
La aplicación de esta próxima iniciativa generaría enormes desequilibrios en el mercado del alquiler en Cataluña y ahuyentaría la inversión necesaria para desarrollar un sector profesionalizado ante la falta de seguridad jurídica. En este sentido, el desarrollo del mercado inmobiliario catalán puede verse seriamente perjudicado, al provocar que el interés de los inversores se traslade a otras comunidades autónomas.
ASVAL considera, además, que esta ley incentivaría la economía sumergida, ya que muchos propietarios podrían verse tentados a compensar ilegalmente la diferencia entre el precio regulado y el de mercado. Esto generaría graves consecuencias para los inquilinos, la salud de la economía catalana, sus ingresos fiscales y para el grueso de los propietarios, ya que la mayoría actúa conforme a la ley.
A esto se une que, los colectivos en situación de vulnerabilidad, las rentas más bajas y los jóvenes serán quiénes sufrirán más los efectos de esta ley ya que, como han señalado diferentes organismos internacionales y el Banco de España, el control de precios a medio y largo plazo produce una reducción de la oferta dificultando el acceso a una vivienda en alquiler. En un mercado con falta de oferta, el propietario tenderá a favorecer a los inquilinos con mayor solvencia frente a quienes tienen rentas más bajas. Las familias con menores ingresos tendrán grandes dificultades para encontrar una casa. Hay que tener en cuenta que en Cataluña el stock de vivienda social es bajo y notablemente insuficiente para cubrir el aumento de la demanda esperado.
ASVAL apela a las distintas fuerzas políticas favorables a esta norma en el Parlament catalán a que hagan una reflexión sobre los efectos negativos de esta norma y retiren este proyecto normativo al ser contrario al derecho de propiedad reconocido en la Constitución. En caso de ser aprobada, la asociación solicitará al Gobierno y a los partidos políticos con representación suficiente en el Congreso de los Diputados que impulsen un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional.
«Apelamos al Govern para que reflexione y rectifique sobre esta medida, y solicitamos al Gobierno y al resto de partidos que tomen las medidas necesarias para evitar la puesta en marcha de esta ley que atenta contra la Constitución, el Estatut y que genera graves perjuicios al mercado inmobiliario. Consideramos que la mejor alternativa a este tipo de regulaciones pasa por aumentar la oferta de vivienda alquiler, especialmente asequible y social, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la colaboración público-privada», asegura Beatriz Toribio, directora general de ASVAL.
La seguridad jurídica, la mejor vía para reducir precios
Diferentes informes de organismos internacionales y nacionales, como los del Banco de España y FEDEA, coinciden en alertar sobre los efectos adversos de la congelación de precios y la necesidad de potenciar un marco regulatorio estable, conforme a la oferta y la demanda, que genere seguridad jurídica para propietarios e inquilinos.
Ante el control de precios, ASVAL propone medidas que incentiven la oferta de vivienda en régimen de arrendamiento. Por una parte, desarrollar un parque de vivienda en alquiler a precios por debajo de mercado, para aquellas rentas más bajas, así como jóvenes que buscan emanciparse. En este sentido, el sector y la Administración deberán idear fórmulas de colaboración público-privada para desarrollar el parque de vivienda asequible que necesita nuestro país, así como una política de ayudas públicas para aquellos colectivos más vulnerables. Además, es de vital importancia reforzar un marco regulatorio estable y transparente que genere seguridad jurídica para el desarrollo del sector.
Se necesita una política de vivienda social pública para resolver la situación de la población en riesgo de exclusión. Durante los últimos 10 años, España apenas ha destinado un 0,05% de su PIB a políticas de vivienda, provocando una escasez de viviendas sociales: el stock de viviendas sociales de España es sólo de un 1,5% frente al 15% de media en la Unión Europea.
