El consejero de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno de Baleares, Marc Pons, acompañado del director general de Arquitectura y Vivienda, Eduard Vila, ha avanzado los resultados de los inspecciones del Servicio de Inspección de Vivienda en el primer trimestre de este año y que han supuesto la imposición de sanciones a 12 grandes tenedores (entidades financieras y fondos de inversión, mayoritariamente) por incumplimientos derivados de la Ley de Vivienda de los Islas Baleares, una norma que establece la obligación de ceder las viviendas vacías para destinar-los en alquiler social.
En total, se han registrado 12 expedientes sancionadores a los grandes tenedores que sumen sanciones por valor de 270.000 euros.
El consejero ha destacado que la Ley de Vivienda de los Islas Baleares, que incluye una medida pionera como la cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores, «ha sido avalada por el Estado, de forma que nuestra Ley se han convertido en la primera ley progresista en materia de vivienda que no se ha visto recorrida ante el Tribunal Constitucional».
Marc Pons ha explicado que desde la entrada en vigor de la ley, el pasado mes de junio, desde la Consellería, se ha trabajado en dos líneas por parte del Servicio de Inspección, dotado en estos momentos por 12 funcionarios y con previsión de incrementarse con otros 5.
La primera línea de trabajo es la inspección de las viviendas inscritas por los grandes tenedores en el Registro de Viviendas Desocupadas. Un total de 1039, para poder ponerlas cuanto antes mejor al servicio de la ciudadanía.
Una segunda línea de trabajo ha pasado por hacer aflorar los pisos vacíos de grandes tenedores no inscritos voluntariamente.
«La primera conclusión que podemos extraer es clara: hay viviendas cerradas susceptibles de ser destinados a alquiler social al amparo del cual establece la Ley de vivienda. Y, gracias la cobertura legal de la ley, despacio los podremos ir incorporando. Por lo tanto, el avance en materia de vivienda que nos permite hacer la ley es importantísimo», ha destacado el consejero.
Se han detectado viviendas de 85 grandes propietarios, 45 de los cuales han inscrito voluntariamente (total o parcialmente) sus viviendas y otros 40 que no los han inscrito.
Actualmente hay 1.039 viviendas en el conjunto de las islas, pertenecientes a 45 grandes propietarios. De los que han colaborado con el Servicio de Inspección, hay unas 160 viviendas que se pueden incorporar a la bolsa de vivienda social con pequeñas intervenciones.
Durante el proceso, también hay grandes propietarios tenedores que se han negado a colaborar, a pesar de haber inscrito los pisos.
En este sentido, se han abierto expedientes sancionadores a 4 grandes propietarios, con sanciones de 15.000 euros a cada uno de ellos. Un total de 60.000 euros.
Respecto a las viviendas no registradas, suman 5.731. De estas, 4.434 en Mallorca, 937 en Menorca, 329 en Ibiza y 31 en Formentera. No todas están vacías.
En el 60% de los casas no registradas hasta ahora inspeccionadas hay gente residiendo. Bien con un contrato social o bien con otras situaciones, como el ejecutado hipotecario que sigue en la casa o también okupas.
En el 10% de los casos, las viviendas están tapiadas o cercados. Esto impide saber su estado. En el 30% restante de los casos, la vivienda está vacía y serien las viviendas sobre los cuales es podría forzar su incorporación.
No haber registrado las viviendas vacías es incumplimiento de la Ley de Vivienda y por eso se han abierto 6 expedientes sancionadores con multas de 30.000 euros cada uno de ellos. Un total de 180.000 euros.
A las sanciones abiertas por no colaborar en la cesión de los pisos vacíos, se tiene que sumar también la apertura de expedientes derivados otros de incumplimientos de la Ley de Vivienda.
Así, se han impuesto ya dos sanciones a grandes propietarios por no pagar los gastos de la comunidad de propietarios, con una sanción de 15.000 euros a cada uno de ellos.
