El Ayuntamiento de Madrid ha dispuesto la paralización cautelar y temporal del desahucio de familias en viviendas públicas. Así, a través de una resolución firmada por Marta Higuera, delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, y también responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
«Dispongo se proceda a la suspensión temporal de los procedimientos de lanzamientos que se fueran a producir sobre viviendas de titularidad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, desde este momento y hasta nueva indicación, a la vista del informe adjunto, lo que deberá ser aprobado en el próximo Consejo de Administración de la EMVS., S.A.», expresa Higueras en la resolución.
Esta propuesta pasará por el primer consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) del mes de septiembre. La medida paraliza cautelarmente los lanzamientos para que estas familias, que se encuentran en pleitos penales en la EMVS sobre procedimientos de usurpación, puedan acreditar que cumplen los requisitos para habitar en una vivienda de protección pública.
La decisión responde «a cuestiones relacionadas con el Derecho universal a una vivienda, digna y adecuada que aparece recogido en la legislación europea e internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la propia Constitución Española de 1978, en su artículo 47».
Higueras ha precisado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, que esta paralización no es «definitiva» porque las personas que ocupan estas viviendas han de cumplir los requisitos que se establecen por parte de la EMVS «para permanecer ahí».
Tal y como ha detallado Higueras, estos requisitos tienen que ver «con la vulnerabilidad social», y son, entre otros, la renta, el empadronamiento o tener familiares dependientes a cargo.
Preguntada por las críticas que califican esta medida de «tardía», Higueras ha asegurado que se han dado «muchísimos pasos». «Cuando se ocupan viviendas destinadas a hacer política social, es complicado explicar que no pueden acceder a esas viviendas porque están ocupadas; hemos tenido que estudiar muchas propuestas», ha apuntado a continuación.
