Las temidas cartas que llevan esperando, acaban de empezar a llegar a los inquilinos de pisos en alquiler con opción a compra que, en su día, firmaron el contrato con la Comunidad de Madrid y que, en 2013, fueron vendidos al fondo estadounidense Goldman Sachs.
Ahora, Encasa Cibeles, cuando quedan semanas para que venza el plazo para ejercer la opción a compra, ya ha remitido misivas en las que le vienen a decir que vence el contrato y que tienen que abandonar el inmueble. Sin más alternativa que la de firmar un nuevo contrato, con unas condiciones de mercado libre, inasumibles para la mayoría de estas familias que atraviesan situaciones económicas complicadas.
En la actualidad existe una comisión de la Asamblea de Madrid encargada de dilucidar las irregularidades de la operación de enajenación de las viviendas del antiguo Ivima (ahora Agencia de Vivienda Social), y que el caso judicial, que precipitó la dimisión de Juan Van-Halen Rodríguez como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, se encuentra en el Juzgado de Instrucción Nº 48 de Madrid.
Pero los afectados temen que esta causa penal se cierre en falso en verano, ya que entonces se cumplirán tres años del inicio de la instrucción y si el juzgado no consigue acumular la carga probatoria suficiente, deberá decretar el sobreseimiento.
Las asociaciones de vecinos y la Federación Regional de Asociaciones de Madrid (Fravm) denuncian las maniobras de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Hacienda destinadas a dilatar la instrucción, y su nula colaboración con la justicia.
Mientras el Gobierno regional ha demorado todo lo que ha podido la entrega de documentación básica para el proceso, Hacienda hizo oídos sordos durante meses a la petición del instructor de designar peritos para valorar los inmuebles vendidos. Y cuando los designó, para indignación de los afectados, tenían relación con el fondo buitre que se hizo con el lote de viviendas. Además de esta causa penal, siguen abiertos cinco procesos contencioso administrativos (tres colectivos y dos individuales).
Para blindar la vivienda pública y evitar este tipo de iniciativas, que transforman un derecho recogido en la Constitución en un negocio lucrativo, la FRAVM, junto a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y la Asociación Libre de Abogados, acaban de lanzar una Iniciativa Legislativa Popular por una ley urgente que garantice el derecho a la vivienda en la región.
