El Ayuntamiento de Barcelona, a la vista de los informes recabados, ha trasladado a la Comisión de Seguimiento sobre Barcelona Regional la querella interpuesta por la Fiscalía contra la agencia pública de urbanismo, y se está analizando si el Ayuntamiento se persona como parte afectada.
El consistorio de la Ciudad Condal, presidido por Ada Colau, pedirá el reintegro a la tesorería municipal 589.000 euros procedentes de una subvención de 1,3 millones otorgada en 2012 teóricamente para actividades del ámbito urbanístico en Barcelona. Un dinero que se destinó a proyectos no previstos en Brasil y Rusia, aprobados por la dirección de la agencia fuera del Consejo de Administración.
Las actividades internacionales no están incluidas en las funciones que prevén los estatutos de Barcelona Regional, por lo que la agencia las desarrollaba a través de la entidad ya disuelta Barcelona Strategic Urban Systems (Bcnsus).
El Ayuntamiento también ha pedido a los servicios jurídicos municipales que estudien la conveniencia de personarse como parte afectada en la querella interpuesta por la Fiscalía por dos presuntos contratos presuntamente irregulares en esta agencia, que supusieron un perjuicio de 215.000 euros.
La auditoría externa, que encargó el nuevo gobierno municipal cuando llegó a la alcaldía, reveló que la agencia tenía un agujero contable de un millón de euros.
Los responsables municipales han transmitido toda la información a los grupos de la oposición en la comisión de seguimiento sobre las presuntas irregularidades en la agencia. Y anunciaron la propuesta de transformar estas reuniones informativas en una comisión de investigación.
Un instrumento requiere mayoría del pleno y fue descartado en julio por el propio gobierno municipal. Sería una comisión abierta al público y con un plan de trabajo y un calendario específicos. Contaría con la comparecencia de personas involucradas en el caso en estudio y finalizaría con unas conclusiones que se elevarían al debate y aprobación del Plenario.
