La Observación General número 4 que define el Comité Europeo de los Derechos económicos y sociales, que incluye la seguridad jurídica en la tenencia, la disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras indispensables, están muy presentes en el nuevo Plan de Vivienda 2016-2019 del Ayuntamiento de Valladolid.
Se busca adaptar el urbanismo para que los gastos de la vivienda sean soportables para el núcleo familiar, así como la habitabilidad y la accesibilidad, y una conveniente ubicación que permita el acceso a puestos de trabajo, escuelas o centros de salud y una adecuación cultural.
En este sentido, los responsable municipales han destacado la necesaria colaboración entre las Concejalías de Urbanismo y Servicios Sociales, que se proponen trabajar conjuntamente para fijar la atención prioritaria de este Plan en la parte más débil de la sociedad.
De ese modo plantean la creación de un Parque público de alquiler social (que denominó «Viviendas blancas») con un crecimiento estimado de 50 al año, la actuación urgente sobre la infravivienda, el chabolismo y el hacinamiento existente (empezando por las zonas de la calle La Flor y Juana Jugán), y el objetivo de garantizar el acceso a viviendas de unidades familiares con ingresos precarios o provenientes de desahucios.
La política del derecho a la vivienda responde a las exigencias de esa cuarta Observación General, con la vista puesta en los compromisos del equipo de Gobierno, y acometiendo tareas que ya se han ido dibujando en el año y medio de mandato, o bien incidir en otras ya en marcha.
Entre ellas, algunas fundamentales como la atención desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento, la mediación en el impago de alquileres, las ayudas de emergencia y las de pobreza energética, convenios con entidades financieras para impedir el lanzamiento de las familias por impago, y la incorporación al parque municipal de viviendas objeto de desahucio.
Actualmente, en Valladolid hay más de 4.500 viviendas en venta, más otras 7.700 en el alfoz, según datos de la web Idealista.com, mientras que, según los datos de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda, VIVA, de las 411 personas inscritas en el listado del Protocolo para la selección de arrendatarios de viviendas de promoción pública, tan sólo el 30% tenían rentas comprendidas entre los 1.550 y los 2.500 euros, mientras que el 70% restante tenían ingresos inferiores a 1.000, y de ellos, más de la mitad, inferiores a 600 euros.
En la ciudad hay zonas calificadas como barrios vulnerables. Espacios urbanos en los que existe un alto porcentaje de población mayor de 75 años, o mayores de 65 que viven solos, muchas personas sin estudios, viviendas con superficie inferior a 50 metros cuadrados, o de más de 40 de antigüedad. Lugares donde las condiciones de la vivienda no alcanzan los mínimos que deberían garantizarse.
Mientras tanto, en el mapa de la infravivienda, según un estudio de la Concejalía de Servicios Sociales, figuran zonas como la Cuesta de la Maruquesa, la zona del Esgueva en Barrio España y San Pedro Regalado, la calle La Flor, en Las Flores, algunas de Pajarillos -además del Polígono 29 de Octubre-, caminos de Hornijos, Valdezoño, Lagar de Hoyos y Viejo del Polvorín, cañada de Fuente Amarga, Las Viudas y Aramburu, algunas de Delicias como Caamaño, Juana Jugán, y también algunas de Zona Centro y Cañada Real.
El Plan estudia la solución para estas zonas y la mejora de vida de las personas residentes en ellas, que varían desde la rehabilitación al realojo, siempre actuando de forma íntegra, no sólo sobre el problema estructural, sino también sobre la problemática social y el apoyo municipal a esos vecindarios especialmente vulnerables.
