La COP22 de Marrakech o Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático concluyó con una Declaración de todos los países en la que se reconoció que el planeta se calienta a un ritmo alarmante y sin precedentes. La Declaración ha servido para ratificar el llamamiento a incrementar el flujo y acceso a la financiación de los proyectos climáticos y para establecer un calendario que permita tener en 2018 las reglas que rijan la aplicación del Acuerdo de París. En esta línea, el presidente de la COP22 destacó que 2017 tiene que ser el año de los proyectos a gran escala, de la movilización de financiación y del acceso a los fondos financieros que serán necesarios para la adaptación.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) por su parte puso de manifiesto que los esfuerzos de los Estados recogidos en sus planes nacionales no permitirían alcanzar los objetivos de emisiones propuestos en 2030, sino que hace falta recortar un 25% adicional para evitar que a finales de siglo el incremento de temperatura alcance hasta 3,4 grados de incremento. En este contexto a los Estados les toca actuar, a pesar de la gran incertidumbre que existe por causas como la elección de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos, que en repetidas ocasiones ha cuestionado el calentamiento global y el cambio climático.
A pesar de que existe el convencimiento de la gravedad de todo esto, La Conferencia ha sido muy positiva en cuanto a iniciativas y propuestas en una amplia gama de áreas que desarrollan los objetivos políticos y prácticos del Acuerdo de París. Y a partir de ahora los Estados deben ponerse manos a la obra.
En España la ministra de Medio Ambiente anunció que nada más terminar la cumbre se pondría en marcha para hablar con todos los grupos parlamentarios y los sectores implicados para poner en marcha el Acuerdo de París, que se encuentra en estado de tramitación de urgencia tras la constitución del gobierno. Estos sectores no son otros que los difusos, (agricultura, transporte y edificación) es decir, los que no están sujetos al régimen de comercio de emisiones, que en el caso español tienen como objetivo reducir un 26% sus emisiones en 2030 respecto a 2005. Por otro lado se prevé la aprobación de una ley de cambio climático que permita sentar una hoja de ruta hacia la descarbonización en el año 2050, como han hecho ya países como Francia o Alemania, escenario contemplado en el Acuerdo de París para mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2ºC.
Bajo este marco, nos toca actuar, y sobran los motivos para hacerlo en el sector de la edificación. Con una visión integral, la Fundación La Casa que Ahorra ha presentado cuatro nuevos estudios, uno de ellos específicamente para demostrar el impacto positivo de la rehabilitación energética de edificios residenciales para lograr el cumplimiento de los objetivos ambientales a los que está sometida España. Esperamos que estudios como estos contribuyan a los próximos pasos que deberán darse desde el gobierno estatal, una vez ratificado el Acuerdo de París y finalizada la Cumbre de Marrakech.
