España es el único gran país europeo que no cuenta con una Ley estatal de Financiación de Transporte Público. Para que eso cambie, el pleno del Ayuntamiento de Madrid, por mayoría, ha aprobado una propuesta para que este vacío legal se enmiende.
Una propuesta para que se inicie de urgencia la redacción de una ley estatal que aumente la aportación al sistema de Transporte Público, que cree además un marco normativo para que las comunidades desarrollen sus leyes autonómicas, permitiendo nuevas figuras fiscales, avanzando así hacia un transporte público plenamente eficiente y competitivo, hacia un transporte que garantice el acceso social a la movilidad, y unas ciudades más sostenibles, habitables y con mayor calidad de vida, como ya existe en el resto de países miembros de la UE
Actualmente, el Estado aporta una cantidad económica para el sistema vía Presupuestos Generales del Estado a los municipios de más de 50.000 habitantes, de acuerdo a una disposición de la ley Reguladora de Bases de Régimen local, y de una forma más específica a Madrid, Barcelona y Canarias.
Una cantidad variable y sin atender a unos criterios objetivos respecto al tamaño de la ciudad, la red de transportes o el volumen de viajeros diarios. Actualmente, la aportación central al transporte público de Madrid no alcanza el 10% del coste total, lo cual, en comparación con la media europea, que llega al 40% en algunos casos.
Y en los últimos años, la situación económica ha agravado la situación. Sin una ley específica al respecto, los recortes en la aportación estatal han llegado al 31% en Madrid en cuatro años, 25% en Barcelona y un 28% para el conjunto del resto de ciudades. Recortes que se han visto agravados por el mantenimiento de las tarifas, lo que ha requerido un mayor esfuerzo adicional por parte de las administraciones locales y los consumidores.
Además, en la actualidad, las grandes ciudades españolas están experimentando un aumento de la demanda de viajeros en el transporte público urbano. Con el transporte público se logran ciudades más limpias, más seguras, más sociales y menos contaminadas, ya que el sistema contribuye, indudablemente, a la eficiencia energética y a la reducción de los niveles de contaminación.
Una solución para paliar los problemas de congestión y calidad del aire se agravan, ya que la circulación de vehículos a motor en las ciudades es responsable del 70% de los contaminantes que se emiten a la atmósfera y, en concreto, del 40% del dióxido de carbono.
