domingo, 8 febrero 2026
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El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid defiende el control público de la ciudad

La tensión se palpaba en la sala del madrileño hotel Villa Magna, en una de las mesas de debate de la Conferencia Inmobiliaria previa a una nueva edición del SIMA.

Los promotores y el resto de agentes inmobiliarios esperaban con una sensación agridulce la intervención del concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid, José Manuel Calvo. Y no llegó la sangre al río, pero el poso de desazón que dejó en el ambiente fue muy relevador.

En el fondo nadie se esperaba lo contrario, pero sí que, al menos, de cara a la galería, tuviera palabras de aliento para un sector que intenta levantar el vuelo a duras penas. Nada de eso. Llegó Calvo media hora tarde y lo hizo para, ni corto ni perezoso, sacar a colación la acumulación primitiva, uno de los conceptos claves incluido por Carlos Marx en El Capital, como base de la privatización de los medios de producción.

Lo uso para instar a la polémica, reconocía impertérrito Calvo ante una audiencia atónita ante lo que estaba escuchando. Lo hacía el edil para apuntar que, sin pretenderlo, en los últimos ocho años el sector público había tenido que tirar del carro en el campo de la regeneración y la rehabilitación urbana, porque la iniciativa privada no había tenido, ni tiene, interés alguno en hacerlo.

Durante su intervención, el concejal volvió a defender el modelo de urbanismo en el que el Ayuntamiento tenga el control público de la ciudad y contar solo con el sector privado a la hora de urbanizar y construir.

El edil echaba en cara el interés de la iniciativa privada en acometer grandes desarrollos, como el de Chamartín, cuando existe en Madrid suelo, equivalente a la ciudad de Barcelona, parcialmente urbanizado, que no llegó a edificarse y será difícil que lo haga.

Un modelo expansivo que, a su juicio, está agotado y no es ni sostenible ni razonable. Sostenibilidad que, según Calvo, sí vendría dada por el plan de rehabilitación que acaba de anunciar el Ayuntamiento para que, en un plazo de hasta quince años, se puedan lograr tres objetivos. Reequilibrio territorial, mejora de la eficiencia energética y la creación de un nicho de empleo más estable que el de la burbuja inmobiliaria.

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