Las cajas de ahorros Caixa Ontinyent, Cajamar y Caixa Popular han accedido a a suscribir la declaración de intenciones propuesta por la Generalitat Valenciana, a través de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, para, antes de proceder a la apertura de un expediente de ejecución hipotecaria, comunicar a la Mesa para la Prevención de Desahucios las situaciones de impago de sus clientes.
El objetivo que se persigue con esta medida preventiva es ralentizar el proceso y tratar de ver de qué manera, si es posible, se puede tomar alguna solución y evitar que las familias sin apenas recursos se queden en la calle. Al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley de la Función Social de la Vivienda, que en su articulado ya recoge toda una casuística relacionado con el tema y las soluciones a tomar en cada caso.
Si definitivamente el pago de los vencimientos hipotecarios resulta imposible, estas entidades financieras se han comprometido a ofrecer viviendas que dispongan para ser destinadas a alquiler asequible, en el marco del Fondo Social de Vivienda y de acuerdo con los convenios suscritos por el Ejecutivo regional.
La Mesa por la Prevención de los Desahucios se constituyó el pasado 29 de septiembre de cara a establecer un marco de diálogo, colaboración y búsqueda de soluciones efectivas en las situaciones como consecuencia del sobre-endeudamiento de personas y familias con dificultades para hacer frente a los pagos de la hipoteca de su vivienda habitual.
De esta manera, los más de 40 representantes de diferentes entidades trabajan de forma coordinada para evitar los desahucios mediante la búsqueda de fórmulas propuestas por todas las partes implicadas. En este marco, la consejería solicitó a todas las entidades financieras a que firmarán una declaración de intenciones con la triple finalidad.
Por un lado, declarar una moratoria de desahucios de personas en especial situación de vulnerabilidad hasta la entrada en vigor de la nueva ley, nombrar un interlocutor con la Mesa para crear canales de mediación y el compromiso de ofrecer viviendas para el Fondo Social.
La nueva ley reconocerá el derecho subjetivo a la vivienda y proporcionará un marco estable y de seguridad jurídica que asegure el derecho público a la vivienda. En ese contexto, ya se ha constituido el Consell Assessor de la Llei per la Funció Social de l’Habitatge para que todos los agentes sociales implicados en esta cuestión puedan realizar sus aportaciones.
