Los datos están ahí. En la ciudad de Barcelona, la casuística de los desahucios que se producen evidencia que la mayoría se derivan de los procesos iniciados por parte de los propietarios de las viviendas contra los inquilinos que dejan de pagar la renta del alquiler.
Por ello, el Ayuntamiento ha destinado un millón de euros más, hasta siete, para que más de 1.500 familias reciban las ayudas y no se queden en la calle, con un mínimo mensual de 20 euros y un máximo de 300.
Pueden acceder a estas ayudas las personas residentes en Barcelona, con contrato de alquiler que se encuentren en situación vulnerable. Las ayudas tienen carácter temporal y se pueden beneficiar las unidades de convivencia formadas por familias mono-parentales, con un solo miembro mayor de 55 años, y de dos o más miembros que no tengan la consideración de familia monoparental.
En el caso de que ya haya mediación en el alquiler, entrarían en liza unidades de convivencia que, a través del servicio de mediación de la Red de Oficinas de la Vivienda de Barcelona, hayan acordado una rebaja mínima de 75 euros mensuales, y siempre que presenten la solicitud en el plazo máximo de 60 días desde la fecha del acuerdo de rebaja. Este acuerdo no será exigible si se ha iniciado un procedimiento judicial por impago del alquiler. También aquellas unidades que hayan sido beneficiarias de la ayuda temporal garantizada.
Otro de los objetivos del consistorio en esta materia pasa por ampliar el parque de alquiler social. Para ello se invertirán 3,5 millones de euros en la compra de viviendas ejerciendo el derecho de tanteo y retracto. En el plazo de 1 mes pasarán a ser de propiedad municipal 7 viviendas: 3 en Nou Barris, 1 en Horta-Guinardó, 1 en Sants-Montjuïc y 2 en Sant Andreu.
Se calcula que se podrá generar una bolsa de 8.000 viviendas de alquiler social. Para ello está impulsando las actividades del Patronato Municipal de la Vivienda con el objetivo de construir 1.000 viviendas nuevas al año. Las 4.000 viviendas restantes ya existen y solo se tendrán que rehabilitar, en caso necesario.
El consistorio también ha empezado a ejecutar el programa de movilización de pisos vacíos con la imposición de 12 sanciones, de 5.000 euros cada una, a entidades financieras propietarias de pisos que hace más de 2 años que están desocupados.
