Al final, los muchos detractores que tuvo la polémica Ley de Viviendas Rurales, la conocida como ‘ley Virus’, van a tener razón, a la vista de su inminente derogación por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes, quien, ante la unanimidad del resto de grupos de la oposición, no le ha quedado otra que echar abajo una de las últimas normas urbanísticas que, meses antes de abandonar el cargo, logró sacar adelante la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre.
Que la norma no obedecía al interés general, como sus críticos argumentaban, ha quedado puesto de manifiesto en el balance que, en estos tres años, ha tenido la ley. Tan solo siete solicitudes de licencia para construir en espacios naturales no protegidos específicamente sin declaración ambiental alguna.
Precisamente las de los propietarios de parcelas rurales de más de 6 hectáreas que, con la entrada en vigor de la ley, podrían construirse chalés de una planta y varias habitaciones dotados de acceso, aparcamiento y todos los suministros necesarios. Y con la única obligación de respetar unas mínimas normas técnicas y estéticas.
La ley, de solo nueve artículos, tres disposiciones y un anexo, sentenciaba en su preámbulo que la concepción de que la presencia del hombre necesariamente tiene un efecto negativo sobre el medio rural no es cierta en muchos casos, sin aportar dato o estudio que apoyase esa afirmación.
Posteriormente, ya bajo la presidencia de Ignacio González, a finales de 2013, el Gobierno regional ahondó aún más en esta explotación de zonas protegidas, con la posibilidad de que, cualquier madrileño que cumpla los requisitos pudiera regentar una casa u hotel rural, una tienda de comestibles, una empresa de actividades al aire libre (excursiones, observación de la naturaleza) y hasta una finca para celebrar eventos.
Para ello, y a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza pasó a autorizar la cesión y ocupación de parcelas en los 216 montes públicos catalogados, por periodos de hasta 75 años, para cualquier uso que se considere compatible con las funciones de utilidad pública del monte.
La derogación de la ‘ley Virus’ es el primer paso dado por Cifuentes en materia de urbanismo. El siguiente será el de la aprobación de una nueva Ley de Suelo que ponga fin a los mil y un desmanes que, en base a ella, se han acometido durante la última década en la Comunidad de Madrid.
