Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, el Gobierno no podía dejar de pasar la ocasión de presentar unos lucidos presupuestos en materia de infraestructuras, con el claro objetivo de hacer ver que ya se han acabado las estrecheces y que ya es hora de empezar obras y más obras. Otra cosa será que luego, a la hora de la verdad, y una vez celebrados los comicios, están inversiones plasmadas en los papeles se convierten en realidad.
En materia de vivienda, el Ministerio de Fomento sigue con la misma estrategia, en la que lleva inmerso toda la legislatura, de poner en marcha la conocida ley de las ‘3 R’, que, a la vista está, se ha saldado con unos resultados discretos, siendo muy benevolentes.
Ahora, para tratar que el nuevo marco legal luzca algo más se ha previsto destinar 620 millones de euros para apoyar ese cambio de modelo en la política de vivienda que dicha ley encierra, más enfocada al fomento del alquiler y a la rehabilitación que a la de la promoción intensiva de obra nueva. Curiosamente en la que siguen pensando la mayoría de los agentes implicados, en contra de la tesis gubernamental.
Casi toda esa dotación (533 de los 620 millones) irá a parar a ayudas del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, de la rehabilitación edificatoria y de la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
Hasta la fecha, en aplicación de este Plan se han firmado con comunidades autónomas y ayuntamientos más de 100 acuerdos de rehabilitación de áreas urbanas y se espera que a su término se hayan beneficiado de las ayudas para la rehabilitación unas 65.000 viviendas. Además, también se destinarán sendas partidas a convenios específicos para rehabilitación y remodelación de barrios; rehabilitación y conservación del Patrimonio Arquitectónico; y 1,5% Cultural.
En su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, el secretario de Estado Julio Gómez-Pomar ponía sobre la mesa esos casi 20.000 millones de recursos totales con los que contaría el Grupo Fomento en 2016, un 10,2% más que en 2015 para, según él, consolidar la inversión productiva una vez asentada la recuperación. De esos recursos, el conjunto de la inversión asciende a 10.129 millones de euros, un 5,8% más.
Al margen de la vivienda, y como suele ser habitual, la partida destinada a mejora de la red ferroviaria volverá a llevarse la parte mollar de la inversión. Casi 5.500 millones de euros, de los 3.679 millones serán para proyectos de alta velocidad, que servirán para finalizar o adelantar obras en todos los corredores ferroviarios.
El resto de la inversión de ferrocarriles se destinará a la red convencional (420 millones de euros), donde destacan actuaciones destinadas al impulso del transporte de mercancías; a las Cercanías (287 millones de euros); a la administración y el mantenimiento (585 millones de euros); al material móvil (275 millones de euros); y a otras actuaciones (214 millones de euros).
Las carreteras, por su parte, contarán con una inversión en los presupuestos de 2016 de 2.383 millones de euros (8,6% más que en 2015): 1.174 millones de euros a construcción de nueva infraestructura; 1.058 millones de euros a conservación; y 151 millones de euros a convenios con otras Administraciones.
Además, se destinarán 45 millones de euros para proseguir con la política de bonificación de peajes, donde se incluyen los 5 millones de euros que se destinan para el nuevo Plan de desvío voluntario de tráfico pesado.
En 2016 se destinarán 609 millones de euros para aeropuertos y navegación aérea, de los que 535 millones de euros corresponden al Grupo Enaire, de cara a consolidar el incremento del tráfico aéreo experimentado desde 2014, y que para 2015 se espera afianzar con un incremento final del número de pasajeros en torno al 3,5% y del 2,8% de aeronaves. En este capítulo, cabe destacar que la inversión privada en los Puertos del Estado para 2016 alcanzará los 859 millones de euros.
