Lo de (algunos) políticos resulta increíble. Y luego se quejan de que los ciudadanos no se fíen de ellos.
Viene esto a cuento tras ver cómo hace unos días el economista y tertuliano, reconvertido en concejal al frente del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, se reunía con los responsables de Distrito Castellana Norte Madrid (DCNM) -la enésima denominación de la prolongación Chamartín- para salir convencido de que la operación saldrá adelante «porque no se puede decir no a una inversión de 5.000 millones», y haciéndose incluso una foto con el plano del desarrollo como si fuera el propio promotor.
Como poco pecó de insensato, ya que lo que hacía con esas declaraciones era, ni más ni menos, saltarse a la torera la discreción de la que la propia alcaldesa, Manuela Carmena, había hecho gala tras salir días antes de una reunión similar.
Lo más triste de todo este asunto es que el concejal Carmona seguramente desconoce los pormenores que hay detrás de la operación, y de que la misma no depende tanto de lo que digan o dejen de decir los políticos, sino de lo que finalmente decidan los tribunales.
Si Carmona se hubiese leído la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de hace un mes, y hubiera analizado en profundidad la ponencia realizada por el magistrado Francisco Javier Canabal, no hubiera salido por donde lo ha hecho. O sí, en cuyo caso quedaría totalmente desacreditado.
En esa sentencia, el TSJM, a requerimiento del Supremo para que justificara la nulidad de la operación, vuelve a reiterar que en la operación Chamartín no puede haber edificios de más de tres alturas más ático, por lo que, tal y como está planteado, es nula de pleno derecho al entrar en contraposición con la vigente ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Aunque el BBVA y Constructora San José, con el apoyo de Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, siguen empecinados en demostrar que el haz de vías ferroviario es suelo urbano consolidado, los magistrados no. Y en esa sentencia lo vuelven a dejar claro. «Es un proyecto de reconstrucción urbana que aprovecha la oportunidad de los suelos ferroviarios e industriales obsoletos situados en el norte de la ciudad para generar un nuevo tejido urbano que integre equilibradamente funciones estructurales, terciarias y residenciales en torno al eje director de la Castellana». Al que lo quiera entender que lo entienda
El siguiente paso en este periplo judicial es, si los promotores y las administraciones vuelven a recurrir, ver si el Supremo ratifica los argumentos del TSJM. Si lo hace, se acabó lo que se daba.
