La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, ha asegurado que todos los afectados por ejecuciones hipotecarias que cumplan los requisitos del programa de la Xunta serán realojados. La conselleira y el Defensor del Pueblo, José Julio Fernández Rodríguez, han firmado el convenio de colaboración que permitirá avanzar en el desarrollo de las distintas medidas en materia de ejecuciones hipotecarias y para garantizar el acceso a la vivienda.
Vázquez Mourelle y Fernández Rodríguez destacaron que la firma del convenio permite establecer un marco de colaboración que permita el intercambio de información para facilitarle a los afectados una mejor atención e información sobre sus derechos y las actuaciones y medidas que tiene en marcha el Instituto Gallego de la Vivenda e Solo (IGVS) para paliar estas situaciones y ofrecer una solución lo más rápida posible a sus demandas.
En base a esta colaboración, el Defensor del Pueblo trasladará a la Xunta toda la información que tenga sobre los diferentes casos de afectados por ejecuciones hipotecarias que le llegue, con el fin de que el IGVS pueda informar a las familias y, de ser el caso, comunicarles la posibilidad de acogerse a las medidas puesta en marcha por la Xunta. En caso de que cumplan los requisitos, el IGVS le ofrecerá una vivienda en la misma localidad o en localidades próximas, en función de las disponibilidades.
La conselleira de Medio Ambiente avanzó que este mismo verano empezará a funcionar el bono de alquiler, una medida de apoyo urgente a las familiar que precisen de una ayuda para asumir el coste del arrendamiento de la vivienda. Destacó que se trata de una de las medidas recogidas en el Plan RehaVIta, que es el primer plan de vivienda autonómico de Galicia, con el que se movilizarán 600 millones de euros y que prevé beneficiar la más de 152.000 personas.
Añadió que el bono alquiler se suma a actuaciones ya en marcha como el Programa de realojo, en el que se recoge el convenio con la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria)- firmado el pasado mes de marzo- y que permitió disponer de las primeras viviendas para adjudicarlas a familias afectadas por ejecuciones hipotecarias o la aquellas que estén en situación de emergencia social.
