Partidos políticos y patronal demandan menos trabas, mejorar la participación ciudadana y un uso más intensivo en los proyectos urbanísticos

En un contexto actual donde convergen proyectos de gran calado urbanístico con desacuerdos de las fuerzas políticas que ralentizan los procesos y la ejecución de proyectos urbanísticos es necesario definir, en palabras de Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), “unas nuevas reglas de juego que faciliten un mayor consenso con el objetivo de ganar dinamización, innovación y eficiencia”.

En este sentido, Rafael Gómez-Montoya, candidato a la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista Obrero Español, consideró que “el urbanismo es el ordenamiento de la ciudad con el objetivo de hacerla eficiente, lo que no puede conseguirse con una política en materia de urbanismo desordenada y que lleva 20 años anclada en el inmovilismo”. Para el PSOE, lo verdaderamente urgente es una Ley de Suelo resultado de un amplio consenso que premie la sostenibilidad, así como un nuevo plan de estrategia territorial, una mayor dotación de espacios urbanos y equipamientos públicos e incrementar el protagonismo del alquiler social y la rehabilitación de edificios.

Por su parte, Mariano Fuentes, coordinador del Área de Vivienda de Ciudadanos, coincidió en la necesidad de elaborar un nuevo Plan General Urbano en el que “participen todos los agentes afectados, tanto grupos de expertos de la Administración como provenientes del sector y profesionales liberales”. Asimismo, el representante de Ciudadanos abogó por una mayor descentralización de la ciudad unido a una mayor flexibilidad en el uso de los suelos.

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