La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha criticado al Gobierno de España por "perjudicar" las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía, por "encarnar" éstas "un modelo alternativo, transformador y eficaz que pone de relieve el fracaso y la injusticia social" de las medidas estatales.
Como último ejemplo de esta "deslealtad", Cortés ha señalado la "injustificable demora" de la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la firma del convenio del Plan Estatal de Vivienda, que supone la inmediata transferencia de 28,5 millones de euros para la comunidad que deben estar justificados antes del 15 de octubre de 2014.
"La Junta lleva reclamándole desde diciembre de 2013 por cauces oficiales a la ministra la firma del convenio al hacer imposible que tengamos tiempo de conceder y justificar estas ayudas", ha señalado en comparecencia parlamentaria Cortés, para quien en la práctica "este nuevo boicoteo supone no disponer de 28,5 millones en Andalucía".
A esa cantidad habría que sumar los 56 millones de euros que el Gobierno adeuda a la comunidad autónoma de la liquidación del plan anterior. "El Ejecutivo central no sólo ataca a un Gobierno autonómico, sino que lastra unas políticas encaminadas a la creación de empleo mediante la imprescindible reconversión del sector de la construcción hacia la rehabilitación", ha remarcado.
Cortés ha señalado que el Gobierno aprobó el Plan en abril de 2013 y tiene toda la documentación de la Consejería requerida para la firma del convenio desde diciembre de 2013. "Hemos insistido en la plena disponibilidad de la Consejería para firmar el acuerdo cuanto antes", ha denunciado la consejera, que ha afirmado que "esta clase de deslealtad institucional es precisamente uno de los factores que más alejan a la ciudadanía de la política", por lo que ha reclamado a la ministra que "recapacite y rectifique".
"¿Por qué Andalucía, que tiene cobertura normativa para canalizar las ayudas del actual plan estatal, que está a la cabeza en ejecución de subvenciones del anterior, y que hace una política de vivienda útil y transformadora, es discriminada con respecto a otras autonomías, que sí están firmando el convenio?", ha preguntado la consejera, que ha señalado que "el Gobierno castiga a Andalucía precisamente por defender eficazmente el derecho a la vivienda, frenar desahucios y combatir la especulación mediante la promoción del alquiler y la rehabilitación".
Cortés ha recordado que la propia ministra Ana Pastor afirmó públicamente, durante el acto de inauguración del metro de Málaga el pasado 30 de julio, la inminente firma del convenio para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016, a través del cual Andalucía recibirá 137 millones de euros en subvenciones para rehabilitación de vivienda y 172 millones a la subsidiación de préstamos. La consejera ha exigido a la ministra que explique "por qué" incumple su palabra, al tiempo que le ha reiterado su ofrecimiento para firmar el acuerdo "en la fecha y hora que determine el Ministerio". "Eso sí, es obligación del Ministerio establecer un mecanismo para que Andalucía no pierda un solo euro de lo que le corresponde", ha añadido.
Los ayuntamientos de Aracena (Huelva) y Mairena del Aljarafe (Sevilla), a través de sus entes instrumentales con competencia en materia de vivienda, han firmado ya el convenio de colaboración que les permite acogerse a la línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, impulsada en julio por la Consejería de Fomento y Vivienda con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros. La responsable del departamento, Elena Cortés, ha informado que la nueva convocatoria suma el respaldo de 19 municipios repartidos en las provincias de Córdoba, Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva.
La consejera de Fomento y Vivienda ha explicado que esta nueva línea de ayudas pretende "garantizar el derecho a la vivienda de la población con menos ingresos mediante alquileres asequibles", estableciendo como requisito que las administraciones con competencia en materia de vivienda se conviertan en agentes colaboradores de la Junta mediante la firma del correspondiente acuerdo y puedan así gestionar estas subvenciones para las personas con necesidad habitacional.
De este modo, según ha trasladado Cortés, una vez obtenida la condición de entidad colaboradora, estas administraciones tienen de plazo hasta el próximo 1 de octubre para solicitar las ayudas, orientadas a atender a familias en situación de especial vulnerabilidad con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) -unos 11.200 euros netos-, que tienen dificultades para el abono del arrendamiento.
"Con esta subvención se garantizará que el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar las rentas no supere el 25% de sus ingresos familiares, cumpliendo así lo establecido por la normativa andaluza en materia de vivienda", ha manifestado la consejera.
Además de este requisito económico, los receptores deberán disponer de un informe, emitido por los servicios sociales que correspondan, donde se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta.
Asimismo, Cortés ha detallado que los miembros de la unidad familiar no podrán disponer de la titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna otra vivienda ni tener relación de parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora del inmueble, que tampoco podrá ser su socio o partícipe.
La subvención solicitada deberá contribuir al pago de las mensualidades correspondientes al año 2014, incluso en el caso de los contratos de arrendamiento ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta convocatoria, tal y como ha detallado la consejera de Fomento y Vivienda.
