La presidenta de la Junta d Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado en el Parlamento de Andalucía un nuevo plan del Gobierno andaluz para crear empleo "de forma intensiva" en el sector de la construcción sostenible dotado con 200 millones de euros.
En su intervención durante la sesión de control al Gobierno, Díaz ha adelantado que el próximo 21 de febrero se constituirá la Mesa de la Construcción Sostenible y que este plan, ligado al sector, supondrá la adecuación y rehabilitación del parque de viviendas de Andalucía.
Este plan para la construcción sostenible se suma a las medidas que está llevando a cabo el Gobierno andaluz para crear empleo, como la búsqueda de alianzas con el tejido empresarial, la supresión de trabas administrativas, la puesta en marcha de un plan de apoyo a las pymes industriales o la próxima puesta en marcha del Instituto de Crédito Público. Se trata, en suma, de "generar confianza", de hacer de Andalucía una "tierra de oportunidades" y de rechazar "el pelotazo", ha recalcado.
Cuando se cumplen dos años de la reforma laboral, la presidenta de la Junta ha denunciado, asimismo, el "sufrimiento" y los "dramas humanos" que ha causado esta normativa. Susana Díaz ha reiterado su exigencia al Gobierno central de un plan extraordinario de empleo para Andalucía y su reclamación a la Unión Europea de "reparto justo de los fondos de empleo juvenil".
En ese sentido, la presidenta de la Junta ha informado a la Cámara de que trasladó en Bruselas esta reclamación al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ante quien denunció que Andalucía va a recibir solo 210 millones de euros del Fondo de Garantía Juvenil, dotado con 2.349 millones de euros para España, mientras que el Gobierno central pretende desviar un 50% de estos fondos para el desarrollo de la LOMCE, "una ley de educación injusta y aprobada sin financiación suficiente".
Díaz ha explicado que también planteó a Durao Barroso su preocupación por el perfil de los beneficiarios del Fondo de Garantía Juvenil y le pidió que se tuviera en cuenta en el reparto el porcentaje de desempleo juvenil en cada territorio.
Junto al empleo juvenil, la presidenta de la Junta llevó a Bruselas su reclamación para la conexión ferroviaria del Puerto de Algeciras, sin la cual "lastraremos las conexiones del Puerto con el centro y el norte de Europa". Para Díaz, la ausencia de esta conexión "solo se entiende si el Gobierno de España quiere primar a otros puertos de España por encima del de Algeciras".
La presidenta de la Junta de Andalucía trasladó a las autoridades comunitarias sus "dudas" sobre el marco financiero, en el que no se han tenido en cuenta las "asimetrías" provocadas por la crisis y reclamó aplicar las cláusulas de revisión, que supondrían que Andalucía obtuviera 1.500 millones de euros más.
Díaz denunció también ante las instituciones europeas que el Gobierno de España está sustituyendo inversiones con fondos procedentes de la Unión Europea sin cumplir el principio de adicionalidad, de tal forma que el 62% de las partidas destinadas a Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado proceden de la Unión Europea.
Respecto al reparto de la Política Agrícola Común, la presidenta ha criticado que Andalucía sea la "única comunidad" que pierde fondos en un reparto "arbitrario y político" que ha dejado a Andalucía con 418 millones de euros menos.
Susana Díaz ha dejado claro que "la lealtad institucional debe ser de ida y vuelta y nunca puede suponer el acatamiento silencioso de decisiones injustas con Andalucía" y ha garantizado que "allí donde se diriman decisiones fundamentales para Andalucía, estará la presidenta". En las semanas previas al 28 de febrero, la presidenta de la Junta ha hecho una defensa del Estado de las autonomías, cuyo desarrollo ha estado "en paralelo" al Estado del Bienestar.
Díaz ha recordado que en Andalucía, el centralismo supuso "abandono, desigualdad social e insolidaridad", por lo que ha vinculado los intentos de desmantelamiento del Estado del bienestar con la tentativa de recuperar el modelo centralista. "Andalucía no va a permitir que se nos doblegue, cuando el desarrollo del Estado de las autonomías ha ido en paralelo al del Estado del bienestar", ha remarcado.
La presidenta ha denunciado que se atenta contra la autonomía de las comunidades cuando se lleva a cabo un "reparto injusto" del objetivo de déficit, cuando se imponen "cláusulas leoninas" en el Fondo de Liquidez Autonómica, cuando no se reparten los ingresos con las comunidades autónomas, cuando se "vacía" la autonomía fiscal o cuando se usa la legislación básica para "invadir competencias" autonómicas, como ha sucedido con la LOMCE o con la reforma local.
Frente a ello, Andalucía va a usar tanto instrumentos jurídicos, como el recurso al Tribunal Constitucional, como políticos, para lo que Susana Díaz ha abogado por el consenso de los grupos parlamentarios. Según Díaz, el Gobierno andaluz "está demostrando que hay otro camino, otra salida de la crisis" al cumplir "el objetivo de déficit y proteger a la vez el Estado del Bienestar".
En ese sentido, Susana Díaz ha señalado que Andalucía va a "reivindicar su solvencia económica, a cumplir el objetivo de déficit, a exigir una aplicación correcta del modelo de financiación, a demandar el cumplimiento del Estatuto y que no se paralicen con argumentos falaces normas que protegen a los ciudadanos, como la subasta de medicamentos o la ley de función social de la vivienda".
