Cuando hace un par de años la sociedad clamaba por la puesta en marcha de soluciones para atajar la incidencia de los casos de familias desahuciadas de sus viviendas, el Gobierno trató de atemperar los ánimos con dos medidas, la creación de un Fondo Social de Viviendas y la aplicación, por parte de las entidades financieras, de un Código de Buenas Prácticas en relación a este espinoso tema.
Pues bien, dos años después los avances de ambas medidas han quedado en prácticamente nada. En cuanto a los últimos datos conocidos en relación al desarrollo del Fondo Social de Viviendas, constituido hace ahora un año, de las 1.098 solicitudes recibidas para acceder a pisos aportados por las entidades financieras a este fondo, solo 717 cumplían los requisitos. Así, se adjudicaron 570 viviendas pero finalmente únicamente se firmaron 169 contratos, un 15% de las peticiones.
Un balance ciertamente desolador que no ha solucionado prácticamente nada. A la vista de estos resultados, además de los requisitos de acceso a estas viviendas, por las que se paga entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, esta baja incidencia obedece al hecho de que, en muchos casos, las viviendas que los bancos ponen a disposición de los Ayuntamientos para ser alquiladas a través de este fondo, están alejadas de los núcleos urbanos con los consecuentes problemas de acceso a los centros educativos o sanitarios. O sea, que a la hora de la verdad, suponen asumir unos gastos extraordinarios, de los que precisamente estos colectivos carecen.
Y algo similar ha ocurrido con aquel Código de Buenas Prácticas, al que los bancos se iban a adherir para, en la medida de lo posible, activar medidas de protección a las familias. Se puso en marcha en marzo de 2012, y un año después, en mayo del pasado año, para, a la vista del escaso alcance inicial, aumentar el número de familias que podrían beneficiarse.
El Ejecutivo abordó esta modificación al comprobar que se quedaban fuera dos de cada tres peticiones. Por esta razón se amplió el umbral de exclusión que medía los hogares que podían acogerse a este código, así como las circunstancias familiares de especial vulnerabilidad, entre las que se incluyeron las familias numerosas o las monoparentales con dos hijos a cargo.
Fue peor el remedio que la enfermedad. Si en un principio fueron más de cien las entidades adheridas, tras la modificación del Código no han llegado ni a cincuenta los bancos y cajas sumadas a la iniciativa, en parte debido a la desaparición de algunas entidades durante el proceso de reestructuración financieras. No obstante, según el Decreto inicial, aquellas que ahora han desistido estarían obligadas a cumplir las obligaciones contraídas en 2012.
