El Gobierno y la Junta de Andalucía andan a la greña con diversas actuaciones de sesgo urbanístico. A las idas y venidas del decreto, primero, y de la ley, después, del Ejecutivo andaluz para llevar a cabo expropiaciones temporales de viviendas a aquellas entidades financieras que ejecuten las hipotecas a personas sin recursos, se une ahora una nueva disputa, como es el proyecto del Ministerio de Agricultura de dar un uso más lucrativo a la finca pública de La Almoraima, en el municipio gaditano de Castellar de la Frontera.
El Gobierno central, dada la proximidad de la finca a una de las zonas turísticas más frecuentada del sur de España, ha visto en estos terrenos la posibilidad de su venta para que los compradores monten un resort turístico a lo grande. Las 14.113,1 hectáreas del latifundio ocupan el 77,88% de la localidad, y el Estado es el propietario de los terrenos desde que se los expropió a José María Ruiz-Mateos en 1983.
La Junta de Andalucía rechaza la privatización. Y poco o nada puede hacer para que el Estado la venda, pero sí puede dificultar el cambio de uso, ya que es la administración autonómica la que debe aprobar el Plan Especial de Ordenación de Usos que se está tramitando. Un documento que permite cambiar los actuales usos agrícolas y forestales por los de turismo de alto nivel.
El plan prevé adaptar y rehabilitar para usos turísticos 14 pequeñas edificaciones existentes dentro del parque natural. Se trata de seis antiguos cortijos y ocho viviendas para los guardas. Fuera del espacio protegido, se contemplan las acciones de más envergadura: un hotel de cinco estrellas, un centro ecuestre, campos de golf y un aeródromo.
Ahora, La Almoraima está completamente cercada por 163 kilómetros de vallado cuyas funciones son impedir el acceso de la caza a la superficie segregada de la finca, a la zona de cultivos y a parte de la red de carreteras. En el latifundio hay aprovechamientos ganaderos, con 1.100 cabezas de ganado vacuno y 1.300 de ovino. Otra parte de la finca (720 hectáreas) se destina a la agricultura de cereales, girasol y algodón. 246 hectáreas son de regadío y 474 de secano.
Por lo que puede suceder, desde la Junta de Andalucía, a iniciativa de los ecologistas, se va a tramitar una ampliación de la superficie del Parque Natural de los Alcornocales para dificultar todavía más los planes del Gobierno.
