La Ciudad del Medio Ambiente de Soria “no es una medida razonable ni proporcionada”, concluye el Tribunal Constitucional, porque vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial recogido en el artículo 24.1 de la Constitución “al impedir el acceso al control judicial de derechos e intereses legítimos afectados y eliminar la posibilidad de un control judicial de la misma intensidad que hubieran podido realizar los tribunales de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, si el Proyecto se hubiera aprobado por reglamento”.
Así, el Tribunal Constitucional da la puntilla a un proyecto inmobiliario megalómano con 800 viviendas, centro hípico, hoteles, torres institucionales, complejo deportivo y polígono industrial en 560 hectáreas del Soto de Garray, un paraje natural protegido e inundable en la vega del río Duero próxima a la ciudad de Soria.
Impulsado por la exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y hoy senadora popular María Jesús Ruiz, y por el Consejero Delegado de Somacyl y actual Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez, la Ciudad del Medio Ambiente es un caso único en España de especulación inmobiliaria en espacios naturales protegidos, caracterizado por estar financiada con dinero público, en una inversión que pretendía alcanzar 100 millones de euros.
Ecologistas en Acción exige el desmantelamiento de la urbanización ilegal y la restauración del Soto de Garray a su estado anterior, garantizando la protección de este valioso espacio natural de la provincia de Soria. Asimismo, piden a la Junta y a las Cortes de Castilla y León que reconozcan los daños causados y pasen página de este residuo de la década dorada del ladrillo y la corrupción urbanística en España.
Como responsables inmediatos del atropello a los derechos fundamentales y del despilfarro de dinero público, los ecologistas piden la dimisión de la senadora María Jesús Ruiz y el cese inmediato de José Manuel Jiménez, que no debería seguir ni un día más como responsable directo de unas obras que han sido declaradas inconstitucionales.
Asimismo, piden la derogación de la reserva legal que se introdujo en la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León precisamente para aprobar la Ciudad del Medio Ambiente.
