Nunca unas cuentas públicas habían estado tan cogidas con alfileres como las de la Generalidad de Cataluña para el próximo año 2014. Nada menos que 2.318 millones de euros se tienen que ingresar con nuevos impuestos, la venta de patrimonio y privatizaciones.
Poco o nada ha trascendido sobre lo que se va a vender, pero sí lo que se prevé obtener. En lo que a patrimonio se refiere se presupuestan unos ingresos de casi 865 millones de euros, y que vía privatizaciones deben ser otros casi 1.500 millones los que lleguen a las arcas públicas catalanas.
El hecho de que las cuentas pasen por hacer caja con estas medidas, y cuantificar lo que se quiere ingresar, llevará a más de un inversor, cuando los procesos de licitación se pongan en marcha, a presionar a la baja con los precios, sabedores de la necesidad imperiosa que el Gobierno catalán tiene.
Además de los nuevos edificios que se puedan ofrecer, la práctica seguida en Madrid, tanto por algunos ayuntamientos como por el propio Gobierno regional, de vender a los grandes fondos sus viviendas sociales, va a servir de guía.
De hecho, es ya uno de los grandes parámetros en los que trabaja la recién creada Comisión de Optimización de Activos, un órgano formado por técnicos de los distintos departamentos para determinar qué activos se pueden vender y por cuánto. Se trata de formar lotes que sean lo más atractivos posibles.
Y aquí todas las miradas se han puesto en el Instituto del Suelo de Cataluña (Incasol), el primer arrendador regional con cerca de 15.000 viviendas sociales. Un problema respecto a lo sucedido con los pisos vendidos en Madrid. Mientras que aquí, en su mayoría, se localizaban en la capital, en el caso de los activos del Incasol se trata de viviendas muy dispersas por diversas localidades, en principio más difíciles de vender. Aunque todo se andará. Con un agente local que gestione la rotación de inquilinos y el mantenimiento de los inmuebles, la operación podría tener éxito.
La vivienda social es uno de los activos más buscados por los fondos inmobiliarios en España. Consideran que se trata de activos que permitirán dar una buena rentabilidad a la inversión, ya que la demanda de alquiler es fuerte –casi se ha duplicado en cuatro años– y seguirá al alza ante las dificultades de acceder a la financiación para comprar.