Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha presentado una enmienda de totalidad en contra del proyecto de ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbana, alertando de que lo único que busca es "convertir la ciudad en una gigantesca plusvalía latente" al trasladar las herramientas del sector de la construcción al de la renovación, con el riesgo de que se genere una nueva burbuja inmobiliaria.
Según consta en el texto de la enmienda, "el derecho a la vivienda no puede estar regido exclusivamente por las reglas del mercado", situación que a su juicio se mantiene con esta nueva ley, que "antepone objetivos económicos o ciertos intereses particulares" a lo que debería ser la prioridad de esta política, que es "la mejora de las condiciones de vida de la población y asegurar el derecho de acceso a una vivienda digna".
Así, avisa de que si se mantiene esta situación "puede suceder lo ya ocurrido con la construcción de vivienda nueva: un ciclo expansivo del sector con sustanciosos beneficios, pero con empleo de baja calidad, procesos de exclusión, sobreendeudamiento y precios prohibitivos para la mayoría de la población". Es decir, una nueva 'burbuja'.
"Ahora que las plusvalías han desaparecido de la actividad de nueva construcción se intenta extender exactamente las mismas herramientas a la ciudad construida, disfrazándolo con palabras como 'regeneración urbana'. Se está convirtiendo la ciudad en una gigantesca plusvalía latente, que parece que hay que explorar", añade la Izquierda Plural, que reclama una "política integral" que no se centre en "la visión economicista y especulativa".
Con respecto a los contenidos concretos del proyecto, IU-ICV alerta de que se argumente que este proyecto ofrece una herramienta "de gran importancia" para la recuperación económica cuando "no se especifica nada" sobre la existencia de ayudas públicas "accesibles y suficientes" ni sobre el tiempo de cobro de las mismas, algo "preocupante" porque supone que "los recursos van a salir fundamentalmente de los bolsillos de la ciudadanía".
"La ausencia de protagonismo público en la gestión y en la financiación de esta política urbana sólo encuentra su explicación en la pretensión de fiar toda la iniciativa a la promoción privada", teme la Izquierda Plural, que critica en este sentido que el proyecto no incluya las condiciones generales que deben cumplir las empresas rehabilitadoras y constructoras que actúen sobre el medio urbano cuando su eficacia dependerá "en gran medida" de que sean capaces de modernizarse y adaptarse a la nueva situación, especializando a sus trabajadores y estableciendo "unos márgenes acotados de beneficio".
Además, se critica también el "incremento de los deberes de los ciudadanos a través del deber de conservación" mientras se ofrece un "negocio oportuno y voluntario para las empresas", que "podrán forzar a los ciudadanos a realizar a su costa unas obras de importe desproporcionado so pretexto de la propia rehabilitación", e incluso podrá "forzar la venta o sustitución forzosa de los propietarios por imposibilidad" de hacer frente a esta obligación.
De hecho, el nuevo régimen de realojo "no garantiza el propio realojo" y la norma "puede dar lugar a expropiaciones, traslados forzosos, rescisión de contratos de alquiler o disminución de la superficie de vivienda de reposición", lo que podría llegar incluso a suponer "la expulsión de comunidades vulnerables situadas en ámbitos valiosos a otros inmuebles que no se especifican".
"Los efectos perversos de la búsqueda de la rentabilidad inducida a favor del agente rehabilitador en las operaciones de regeneración y rehabilitación urbana pueden aparecer con toda crudeza. Porque la rentabilidad y la viabilidad económica pretende conseguirse sobre la base del incremento indiscriminado de deberes a cargo de los propietarios de viviendas y el cuestionamiento de derechos de realojamiento de sus ocupantes en las actuaciones de rehabilitación o reedificación privadas", reprochan.
Finalmente, la enmienda acusa al Gobierno de pretende "nada más y nada menos" que convertir el espacio público "automática e indiscriminadamente" en "espacio susceptible de ser incorporado a la edificación sin deberes urbanísticos ni cesiones, admitiéndose el aumento indiscriminado de la edificabilidad y la densidad so pretexto de la búsqueda de rentabilidad económica, con sacrificio del interés público urbanístico".
