Madrid. Acuérdense lo contentos que en junio pasado salieron de la última Cumbre de la Eurozona tanto Mariano Rajoy como Luis de Guindos. Daban por hecho que el nuevo fondo permanente de rescate, más pronto que tarde, permitiría recapitalizar directamente a los bancos con mayores problemas, rompiendo el vínculo perverso de tener que contabilizar como deuda cada inyección que se aportara a estas entidades.
Pero, ya saben, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y, desde entonces, no ha pasado prácticamente un solo día sin que altos representantes, públicos y privados, de los países más reticentes a esta medida pusieran sobre la mesa dudas, más o menos consistentes, acerca de la viabilidad de esta medida.
Y ayer, volvieron a la carga. Mientras en España andábamos pendientes de si Artur Mas convocaba o no elecciones en Cataluña para tratar de respaldar el proyecto secesionista y de en qué quedaba la manifestación ante el Congreso de los Diputados, los ministros de Finanzas de Alemania, Holanda y Finlandia ponían su rúbrica al pie de un comunicado que, grosso modo, venía a decir que esa recapitalización no se debe realizar con efectos retroactivos, y que los problemas acumulados por anteriores prácticas bancarias disolutas deben arreglarse sin esta ayuda. En definitiva, que los famosos 100.000 millones de ayuda a España computarían como deuda soberana adicional. Lo que nos faltaba.
Si a esto añadimos las palabras de la canciller Angela Merkel quien, a renglón seguido, volvía a mostrar públicamente sus dudas acerca de que algunos países puedan afrontar el pago de sus deudas, ¡para qué queremos más! Y así fue, ayer con un cierto retraimiento y hoy ya sin miramiento algunos, los inversores en deuda en el mercado secundario han vuelto a acelerar la venta de bonos españoles, como lo demuestra el hecho de que la prima de riesgo vuelva a situarse en la órbita de los 440 puntos y el tipo de interés de ese bono a diez años ya esté de nuevo en el 5,9%.
Está por ver en cuánto queda fijada definitivamente esa ayuda, de acuerdo con el informe elaborado por la consultora Oliver Wyman. Todo parece indicar que no irá más allá de los 65.000 millones de euros, en cuyo caso, de computar como deuda, estaríamos en un escenario de incremento de lo adeudado respecto al PIB del 6,5%.
